Recientemente, el Congreso de la República ha promulgado la Ley 2365 del 2024, marcando un hito significativo en la lucha contra el acoso sexual en el ámbito laboral en Colombia.
Esta legislación introduce una serie de medidas robustas para la protección, prevención y sanción de conductas de acoso sexual, estableciendo responsabilidades claras para los empleadores y ampliando los mecanismos de protección para las víctimas. A continuación, exploramos las principales novedades y requisitos que trae consigo esta ley.
Uno de los cambios más importantes que introduce la Ley 2365 es la obligación para los empleadores de implementar una política y un protocolo específicos para la prevención, investigación y sanción del acoso sexual. Este protocolo debe estar claramente definido y ser parte integral del reglamento interno de trabajo y de los contratos laborales.
Además, debe ser ampliamente divulgado entre todos los empleados y cualquier individuo que tenga relación con la empresa, incluyendo contratistas, aprendices y practicantes.
La nueva ley exige que las empresas desarrollen una política con un enfoque preventivo. Esto implica no solo la elaboración de directrices claras para prevenir el acoso sexual, sino también la creación de mecanismos efectivos para la investigación y sanción de cualquier conducta inapropiada que se presente.
Protecciones ampliadas para las víctimas
La Ley 2365 introduce varias medidas de protección para las víctimas de acoso sexual. Entre estas medidas se encuentra la posibilidad de solicitar un traslado de área o permiso para teletrabajar, proporcionando así alternativas para evitar el contacto directo con el agresor. Además, se establece el derecho a recibir atención emocional y psicológica a través de las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), facilitando el apoyo necesario para la recuperación de las víctimas.
Una de las disposiciones más destacadas es la protección contra la terminación unilateral del contrato de trabajo. Si una víctima de acoso sexual presenta una queja o denuncia dentro de los seis meses posteriores a la denuncia, cualquier despido que ocurra en ese período será considerado inválido. Esta medida busca proteger a las víctimas de represalias por su denuncia y garantizar que puedan expresar sus preocupaciones sin temor a perder su empleo.
