En Colombia, solemos evaluar el estado de la seguridad con base en indicadores agregados: variaciones porcentuales de delitos, tasas nacionales, estadísticas oficiales. Sin embargo, en esa construcción fría se pierde el rostro que más duele: el de la víctima. La victimización personal introduce una dimensión que puede contradecir —o matizar— los logros numéricos de las políticas de seguridad.
David Garland, en The Culture of Control, advierte cómo en las sociedades contemporáneas las víctimas se vuelven símbolos del éxito o fracaso del sistema penal, y se utiliza su dolor como eje legitimador de políticas punitivas. Esa lógica, si bien reconoce la centralidad del sufrimiento, corre el riesgo de instrumentalizarlo. Y sin duda, en el debate sobre seguridad —y en Colombia en particular—, necesitamos un enfoque equilibrado.
Por ejemplo en Bogotá, la Encuesta de Percepción y Victimización 2024 de la Cámara de Comercio de Bogotá reporta que la tasa de victimización fue 15,3% (2,5 puntos menos que en 2023) y que el 69,3% de los hogares considera que la inseguridad aumentó durante 2024 (18,4 % menos en comparación con el año anterior). Estos datos muestran que la victimización sigue siendo frecuente y que, aun con variaciones positivas, buena parte del daño no encuentra respuesta institucional percibida por la ciudadanía.
Cuando alguien es víctima de un hurto, ese incidente no queda como una cifra más; se convierte en memoria y en miedo interiorizado. ¿Cómo decirle a esa persona que las estadísticas nacionales muestran descensos si su día a día cambió? Esa tensión entre dato y experiencia es el espacio donde la victimización reclama su protagonismo.
La victimización también desnuda una realidad incómoda: la desigualdad en la seguridad. No todos los ciudadanos tienen la misma probabilidad de ser víctimas, ni todos cuentan con los mismos recursos para enfrentar el daño. Mientras unos pueden blindarse tras rejas, seguros o escoltas, otros deben asumir el riesgo cotidiano sin red de protección. Esta inequidad convierte la seguridad en privilegio y la victimización en condena para los sectores más vulnerables.