Tras casi nueve meses de conocerse en Colombia el primer caso de COVID-19 y cuando se han reportado más de 36 mil fallecidos y nos acercamos a un millón trescientos mil contagios, hemos dado pasos audaces para adquirir las vacunas que nos inmunizarán contra el coronavirus.
Mientras el país tiene aseguradas 20 millones de dosis que se distribuirían en el segundo semestre de 2021 –priorizando a los mayores de 60 años, las personas con comorbilidades y los trabajadores de la salud– el Congreso de la República avanzó en la discusión y aprobación del proyecto de ley que dotará al Gobierno Nacional de las herramientas necesarias para obtenerlas ágilmente.
El deber de las instituciones públicas no es ilusionar a la ciudadanía con utopías inalcanzables, sino tener el mejor desempeño factible. Esto demanda reconocer una realidad tozuda en medio de la cual se moverá la acción del Estado colombiano para procurar las vacunas. Se trata de que todos los Estados del mundo, pese a las medidas multilaterales basadas en la colaboración y la cooperación, ahora compiten por ser los primeros en comprarlas después de negociar contratos multimillonarios con multinacionales farmacéuticas.
Esta realidad exige unión, responsabilidad y audacia, no la temeridad de quienes piden al Gobierno hacer lo imposible para luego criticarlo por hacer lo posible, como apoyar la romántica petición sin futuro de India y Sudáfrica a la Organización Mundial del Comercio para que no apliquen las normas sobre patentes y propiedad intelectual a la vacuna y otros medicamentos desarrollados para combatir la pandemia.
Pero el realismo no implica dejar de perseguir los ideales, y su búsqueda no puede hacernos ignorar la realidad. Ahí radica el valor de la ley que terminará de aprobarse esta semana: en reconocer el contexto económico y político internacional en que gravita la vacuna contra la COVID-19, sin flaquear en la determinación de inmunizar a todos los colombianos.
Presentado por el Centro Democrático, el proyecto prevé incentivos tributarios para quienes hagan donaciones para obtener las vacunas (un descuento en el impuesto de renta igual a la mitad del valor de la donación), reglas sobre la responsabilidad del fabricante y la tramitación de eventuales litigios, un amplio margen de maniobra al Ejecutivo para llegar a acuerdos con organizaciones públicas o privadas para obtener el medicamento y contratar una póliza de garantía global para cubrir posibles condenas al Estado y, lo más importante, la orden de suministrar gratuitamente la vacuna a toda la población.
