La muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay confirmó el retorno de la violencia política en Colombia. Como aquel trágico 18 de agosto de 1989, en pleno auge del narcoterrorismo cuando se presentó el magnicidio del también candidato Luis Carlos Galán, el país retrocedió a los aciagos días donde los violentos se imponían con absoluta impunidad y un silencio cómplice, que pretende cegar nuestras esperanzas democráticas. Es un atentado directo contra los principios esenciales del Estado, la convivencia pacífica y la democracia.
No se trataba solo de un joven con aspiraciones políticas; representaba a una generación que creció en medio de la violencia, a quien a los seis años de edad, le fue secuestrada y luego asesinada su madre, la periodista Diana Turbay en 1991, valiente comunicadora que develó los tentáculos del narcotráfico. Su voz, que tantas veces reclamó respeto por las instituciones, la Constitución y la ley, ha sido silenciada por aquellos que desde la violencia de palabra, motivaron la violencia física y la muerte. Dolor en Colombia.
En estos días oscuros, resuena el eco del himno nacional “cesó la horrible noche”. ¿Pero acaso cesa cuando un país sigue contando los líderes valientes que enfrentan la inseguridad y la desinstitucionalización, caídos política, judicialmente o incluso ofrendando sus vidas? ¿Cesa cuando el miedo se instala en las plazas públicas? ¿Cuándo no hay garantías para la oposición que reclama libertad y orden? ¿Cuándo son perseguidos quienes disienten, opinan y reclaman protección de la democracia? No compatriotas, la horrible noche regresó en estos años de destrucción de la institucionalidad, alimentada por el odio de palabra y de clases, por el desprecio a los valores y la moral.
Lo más grave es que este crimen desnuda una realidad: no hay garantías para el ejercicio de la democracia, no solo para los candidatos, sino para los poderes públicos, periodistas, la oposición y la misma opinión pública. Pero lo que indigna aún más es la actitud soberbia y distante del Gobierno Nacional. Mientras los ciudadanos y líderes piden respuestas y acciones concretas. El poder central parece más preocupado por inventar diferencias limítrofes con Perú, asociarse y defender regímenes del narcotráfico como el venezolano, enfrentarse a sus socios comerciales y distraer la opinión de sus propias crisis de corrupción, de falta de ejecución e incompetencia en la gestión pública.