La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente produjo un amplio espectro de reacciones, que reflejan las profundas divisiones políticas en el país. El respaldo del ELN a esta iniciativa, dada la historia de este grupo armado ilegal en el conflicto armado colombiano, merma la confianza de un importante sector de la sociedad civil que ha denunciado el empleo de otras propuestas, como la paz total, para el reformismo del presidente.
Una Asamblea Constituyente, dependiendo de los límites que fije el Congreso, puede significar la reconfiguración de la estructura política y el ordenamiento jurídico colombiano.
En teoría, es una vía para abordar problemas estructurales y buscar una transformación profunda en la justicia, la economía, los derechos humanos y la paz. Sin embargo, en la práctica, los resultados son impredecibles. El apoyo del ELN a esta propuesta podría verse por algunos como una señal de disposición hacia el diálogo y la paz, pero no es clara cuál es su intención detrás del respaldo.
¿Es una estrategia genuina hacia la democratización o un cálculo político con objetivos perversos? Las frecuentes referencias de Petro a Antonio Negri, quien tenía una visión particular sobre el poder constituyente, ponen en duda el apego a la institucionalidad democrática establecida en Colombia.
¿Es la movilización popular y la acción directa el mejor camino hacia el cambio estructural, o el riesgo de desestabilización debería ser suficiente para descartarla? En 2021, un inmenso grupo de jóvenes salió a las calles con justificadas preocupaciones existenciales, pero —producto de su instrumentalización política— terminó destruyendo y deteriorando la infraestructura del país en su propio desmedro.
