La aprobación en primer debate de la ponencia del Presupuesto General de la Nación para 2026 abre la posibilidad de construir un presupuesto más cercano a la realidad fiscal del país y a las necesidades de las regiones. No se trata de un trámite más, sino de un ejercicio de responsabilidad política y financiera que contrasta con lo sucedido en 2025, cuando la nación terminó con un presupuesto impuesto por decreto y con el fantasma de una dictadura fiscal que minó la credibilidad de Colombia en el manejo de sus cuentas públicas.
El ajuste realizado, que redujo el monto del presupuesto a $546,9 billones, es una señal de disciplina y sensatez. Insistir en cifras desbordadas y desfinanciadas, como se venía planteando, no solo habría generado mayor incertidumbre sobre la sostenibilidad fiscal, sino que también habría debilitado la confianza en el país. Hoy el Congreso asume con claridad que un presupuesto debe ser viable, ejecutable y transparente, y no un simple listado de promesas que terminan incumplidas.
Otro avance clave es haber blindado la estabilidad jurídica de las vigencias futuras. Con ello, los grandes proyectos de interés nacional mantienen respaldo y continuidad, evitando que la improvisación o la falta de planeación los frene. Colombia necesita certeza para sacar adelante sus obras estratégicas en infraestructura, energía y competitividad, y esta decisión reafirma que el Estado cumple con sus compromisos.
En paralelo, la eliminación de artículos que pretendían condicionar el manejo del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (FONPET) reafirma la defensa de la autonomía territorial. Esos recursos no pertenecen a la caja de la Nación, son patrimonio de las entidades locales, y pretender disponer de ellos desde el centralismo habría sido un golpe directo contra las regiones. El Congreso corrigió esa intención y dejó en claro que los fondos de las regiones no pueden ser usados como salvavidas fiscal del Gobierno central.
