Las redes sociales y los entornos digitales nos han abierto nuevas puertas: acceso a la información, participación política, independencia económica, oportunidades que hace solo una década eran impensables. Pero esa misma apertura ha dejado grietas por donde se cuelan nuevas formas de violencia, especialmente contra las mujeres.
Como mujer y servidora pública, mi compromiso es avanzar en acciones reales y transformadoras para que estar en internet no implique miedo, autocensura o silencio. En 2024, culminé mi maestría en Derechos Humanos, Democracia y Globalización con una tesis centrada en los derechos digitales y la violencia de género en redes sociales. Los hallazgos son tan preocupantes como urgentes: el 60 % de las mujeres encuestadas ha vivido algún tipo de violencia digital. Peor aún, el 74 % no sabe cómo denunciar o a quién acudir.
Estas cifras no son solo datos: son vidas limitadas, voces acalladas y sueños interrumpidos. Hablamos de ciberacoso, suplantación de identidad, difusión no consentida de imágenes íntimas, deepfakes… una lista que crece y que revela una verdad dolorosa: la violencia digital también vulnera derechos humanos fundamentales como la dignidad, la intimidad, la honra y la libertad de expresión.
Por eso, hago un llamado a la legislación: necesitamos marcos normativos que den cuenta de estas realidades, que generen acciones correctivas, pero también preventivas y disuasivas, evitando la revictimización de las mujeres. No se trata solo de sancionar, sino de construir entornos digitales donde la protección y la dignidad sean la regla, no la excepción.