Tributaria para Financiar el Clientelismo Reeleccionista

El reciente proyecto de reforma tributaria presentado por el  gobierno de Gustavo Petro produjo una ola de críticas y  preocupaciones. Esta inoportuna iniciativa, que busca recaudar  $12 billones, se presenta en un contexto de derroche y falta  de transparencia en el aumento del presupuesto de  funcionamiento. Es indignante y paradójico que, mientras se  busca aumentar la carga impositiva sobre los ciudadanos y  empresas, el gobierno no tome medidas concretas para reducir  sus propios gastos innecesarios. 

Desde la constitución de 1991, Colombia ha tramitado 21  reformas tributarias, lo que equivale a una cada 18 meses. Este  constante cambio en las reglas del juego, para apagar el  incendio fiscal del momento, ha generado una gran incertidumbre  jurídica para los inversionistas, quienes ven cómo las  condiciones fiscales cambian de manera impredecible, afectando  sus decisiones de inversión y, en última instancia, la  sostenibilidad del crecimiento económico del país. 

Además, es crucial enfrentar la excesiva concentración de poder  en cabeza de la Presidencia de la República. En Colombia  tenemos una monarquía presidencial coronada por un centralismo  presupuestal nacional dictatorial. La actual estructura fiscal  centralizada limita la capacidad de los municipios y regiones  para gestionar sus propios recursos y responder a las  necesidades locales.  

Se necesita una reforma a las finanzas territoriales que  otorgue soberanía fiscal a municipios y regiones para promover  un desarrollo más equitativo en todo el país. Los alcaldes, en  particular los mandatarios de municipios de sexta categoría 

que representan el 88% del país, no pueden continuar en la  posición indigna de ir a Bogotá para mendigar ante un  congresista o un ministerio la posibilidad de obtener una  partida presupuestal que permita financiar un proyecto de  inversión en su territorio. 

Las principales críticas a la reforma tributaria incluyen el  aumento desmedido del presupuesto de funcionamiento, como la  creación del Ministerio de la Igualdad, los contratos de  prestación de servicios, las nuevas embajadas, las  transferencias improductivas y los subsidios que pretenden  clientelizar el electorado para las elecciones de congreso y  presidencia en el 2026. Subsidios si, para quienes realmente  lo necesitan como una oportunidad para salir adelante, no para 

convertirlos en un proyecto de vida bajo la premisa de nunca  perder el subsidio. 

Además, las consecuencias de violar la regla fiscal son graves,  ya que pueden llevar a un aumento descontrolado del déficit y  la deuda pública. Las calificadoras de riesgo han mantenido la  calificación de Colombia en 'BB+' con una perspectiva estable.  Esta calificación refleja la estabilidad macroeconómica y  financiera del país, pero también señala desafíos fiscales  significativos, como altos déficits fiscales y una alta  dependencia de los ‘commodities´ o materias primas. Fitch  Ratings espera que el déficit fiscal del gobierno central se  amplíe al 5.6% del PIB en 2024, lo que podría afectar la  confianza de los inversionistas y los principales indicadores  macroeconómicos. La reforma también tendría un impacto negativo  en las pequeñas empresas, que verían aumentada su carga fiscal  y reducida su capacidad de inversión y crecimiento. 

En Colombia, el presupuesto general de inversión sigue siendo  aprobado de manera agregada y no desagregada, lo que impide un  análisis detallado y transparente de las partidas y proyectos  específicos. Esta práctica oculta a la ciudadanía y a los entes  de control la verdadera asignación de recursos, facilitando el  mal uso de los fondos públicos. La falta de desagregación  impide una evaluación crítica y detallada de las inversiones,  perpetuando un sistema donde la rendición de cuentas es  prácticamente inexistente. 

En conclusión, la reforma tributaria del gobierno Petro no solo  aumenta la carga fiscal sobre los ciudadanos y empresas, sino  que también perpetúa un sistema centralizado y opaco que limita  el desarrollo regional y genera inseguridad jurídica para los  inversionistas. Es hora de que Colombia adopte un enfoque más  transparente y descentralizado en su política fiscal, que  promueva la eficiencia y la equidad en la administración de  los recursos públicos. 

Una propuesta de simplificación del estatuto tributario podría  aumentar el recaudo, luchar contra la evasión y elusión, y  facilitar la declaración de impuestos al contribuyente. Para  lograr este propósito, es necesario realizar cambios  institucionales en la DIAN, de manera que se convierta en una  autoridad que regule, pero sea amigable con los contribuyentes  que cumplen con sus obligaciones.