Tres logros del control político para la legalización de barrios en los Cerros Orientales

Acorde con una de las órdenes del Fallo del Consejo de Estado sobre Cerros Orientales de noviembre de 2013, le corresponde al Distrito la legalización de 26 asentamientos humanos. Sin embargo, pese a que ha pasado más de una década, apenas se han legalizado 13 de estos y a 4 se les negó la solicitud. Dentro de los asentamientos pendientes por legalización se encuentran incluidos 5 barrios localizados en el centro-oriente de Bogotá, a saber: San Isidro I, San Luis, La Sureña y La Esperanza ubicados en Chapinero, y San Isidro II situado en Usaquén. 

Ligado a nuestro compromiso con relación al cumplimiento integral y célere del Fallo, y a través de la articulación de nuestro trabajo con el realizado por parte de algunas de las presidentas de las Juntas de Acción Comunal de estos 5 barrios, la labor de control político que hemos ejecutado ha contribuido a retomar y desarrollar el proceso de legalización, el cual se encuentra en curso. En este artículo queremos resaltar los 3 principales logros conseguidos al respecto.

1. Primer logro: el empalme entre Alcaldías y el Plan de Desarrollo

Actualmente existen en Bogotá un total de 130 barrios en proceso de legalización. La particularidad de aquellos recogidos en el Fallo de Cerros es que su legalización, además, significa el cumplimiento de una orden judicial. Pese a esto, en la Alcaldía de Claudia López se avanzó con la legalización de apenas 3 barrios, siendo la Administración que menos legalizó desde la expedición del Fallo.

Hace alrededor de dos años, para indagar sobre la situación de los 5 barrios en mención, presentamos un derecho de petición a la Secretaría de Planeación al que se le dio respuesta 3-2023-31401, e hicimos una mesa de trabajo con la participación de la comunidad el 11 de noviembre de 2023, en la que vinculamos además a la Secretaría de Hábitat. Cabe recordar que, para esta época, se estaba dando el cambio de Alcaldía, de la de Claudia López a la de Carlos Fernando Galán, motivo por el que el compromiso de las entidades en la reunión fue el de priorizar el proceso de legalización de estos barrios e informar de ello a la nueva Administración en el empalme que se estaba realizando. Posteriormente, en respuesta de la Secretaría de Hábitat del 22 de diciembre de 2023, 2-2023-108354, se nos confirmó el cumplimiento de lo concluido en la reunión.

Para que la comunidad pudiera tener esta información de primera mano, realizamos una nueva reunión en el salón comunal del barrio San Luis el 17 de febrero de 2024. En esta contamos con la participación de la Secretaría de Hábitat, la Secretaría de Planeación, el IDIGER, la Alcaldía Local de Usaquén, la Alcaldía Local de Chapinero y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá. Allí, además de confirmarse la información que se nos había brindado en la respuesta de Hábitat, se mencionó, por parte de las entidades, que la legalización de los barrios quedaría inserta dentro de los programas, metas y presupuesto del Plan de Desarrollo de Bogotá, motivo por el que, una vez expedido este al finalizar mayo de 2024, se presentaría a la comunidad el cronograma de trabajo que llevaría a culminar exitosamente el proceso de legalización de los barrios, esto a más tardar en 2025.

Durante la discusión y aprobación del Plan de Desarrollo de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, en articulación con varias comunidades habitantes de los Cerros Orientales, no solo insistimos en el cumplimiento de la orden de legalizar los asentamientos humanos que faltaban, sino que, además, reclamamos la necesidad de cumplir con el Fallo del Consejo de Estado integralmente y con urgencia. De esta forma, aunque la Administración distrital negó un artículo nuevo que presentamos para buscar la legalización y el mejoramiento integral de todos los barrios ubicados en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales, conseguimos insertar el artículo 17.9 del Plan de Desarrollo vigente (Acuerdo 927 de 2024), el cual elevó a proyecto estratégico el cumplimiento del Fallo. 

Así, con este artículo y las metas incluidas en el Plan de Desarrollo, se dejó garantizado el presupuesto y la prioridad de la legalización de los 5 barrios y demás ubicados en la Franja de Adecuación, cobijados por el Fallo de Cerros Orientales. Esto nos lo confirmó el Distrito en junio de 2024 en respuestas 3-2024-19893 y 2-2024-29465 a derecho de petición que nos dieron respectivamente la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hábitat. Este es el primer logro que queremos resaltar: con el esfuerzo conjunto de las comunidades y el control político se visibilizó la necesidad de priorizar la legalización de los 5 barrios y, de esta manera, se garantizó incluir en el empalme que entregó la Alcaldía de Claudia López a la de Carlos Fernando Galán y, de igual forma, se logró incluir dentro del Plan de Desarrollo vigente.  

2. Segundo logro: contratación del estudio topográfico

En vista de que ya se tenía el presupuesto y dentro del Plan de Desarrollo la priorización y la meta de legalizar los 5 barrios, realizamos una nueva reunión con la comunidad en el salón comunal de San Luis el 15 de septiembre de 2024, esta vez con la intención de que las entidades pudieran socializar el cronograma del proceso de legalización. 

En esta reunión, con la participación de la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Hábitat, las Alcaldías Locales de Usaquén y Chapinero y el IDIGER, se planteó el siguiente cronograma tentativo: para la actualización del expediente urbano, Hábitat contrataría el estudio topográfico con tal de que iniciara en noviembre de 2024, proceso que dura alrededor de 6 meses; en paralelo, se informó que se estaba terminando la redelimitación de cuerpos de agua, así como se venía coordinando con el Ministerio de Ambiente el realinderamiento del Páramo Cruz Verde; y, con los nuevos planos, el IDIGER actualizaría su concepto, el cual podría durar alrededor de 3 meses. Así las cosas, se informó que lo previsto era que en agosto de 2025 el expediente urbano pasara a la Secretaría de Planeación para su revisión y la expedición de las resoluciones de legalización, esperando que el proceso culminara en 2025.

Pese a lo dicho por las entidades, en respuesta 2-2024-52692 de la Secretaría de Hábitat a derecho de petición que presentamos para realizar seguimiento a los compromisos, se nos certificó que apenas el 13 de noviembre de 2024 se había publicado en SECOP II el proceso de selección de concurso de méritos que tenía por objeto la realización de los estudios topográficos para la elaboración de los planos requeridos en el proceso de legalización urbanística, y que se tenía como fecha para adjudicar el contrato, o para la declaratoria de desierto, el 18 de diciembre de 2024. Es decir, ya se estaba incumpliendo con el cronograma tentativo presentado en la reunión del 15 de septiembre en el que, se supone, en noviembre ya debía estar contratada y en desarrollo la actualización de los planos. 

Por tal motivo, volvimos a presentar derecho de petición a la Secretaría de Hábitat, al cual dio respuesta 2-2024-60602. En esta se nos confirmó que los estudios topográficos se adjudicaron a través de la Resolución No. 718 del 18 de diciembre de 2024 al contratista INCIGE INGENIERIA SAS, con una duración de 5 meses una vez firmada el acta de inicio, correspondiente al contrato No. 1733 de 2024. De este modo, para que la comunidad pudiera tener la información de primera mano, realizamos una nueva reunión en el salón comunal de San Luis el 15 de febrero de 2025. 

Esta última reunión contó con la participación de las Secretarías de Planeación y Hábitat, el IDIGER, la EAAB, las Alcaldías Locales de Usaquén y Chapinero, y el Ministerio de Ambiente. Secretaría de Hábitat indicó que el levantamiento topográfico había iniciado labores el 31 de enero de 2025 y que se tenía previsto su terminación el 2 de julio de 2025. Igualmente, la Secretaría de Hábitat informó que venía liderando todas las demás acciones relacionadas con la actualización del expediente urbano para remitir a la Secretaría de Planeación y esta pueda revisarlo, definir la norma urbanística aplicable y expedir las correspondientes resoluciones de legalización. Así las cosas, la Secretaría de Hábitat se comprometió a culminar la actualización del expediente urbano en 2025 para que la Secretaría de Planeación culminara el proceso de legalización en 2026. 

Es precisamente este el segundo logro que queremos resaltar: con la presión comunitaria y política, conseguimos que finalmente se contratara el estudio topográfico. Para hacer seguimiento a la culminación exitosa del contrato presentamos derecho de petición a la Secretaría de Hábitat y esta nos dio respuesta 2-2025-39005. Aquí se nos comentó que la etapa de ejecución del contrato efectivamente culminó el 3 de julio de 2025. No obstante, en la respuesta se nos dio una información que nos causa preocupación: debido a las especificidades del desarrollo de los barrios, proceden unos ajustes a los resultados del estudio, ligados a la participación comunitaria. 

Los ajustes se están incorporando por parte del contratista y son validados a través de recorridos técnicos de campo que se están realizando desde el 9 de julio y van hasta septiembre de 2025, mes en el que se radicarán los planos definitivos a la Secretaría de Planeación para conseguir su aprobación. En otras palabras, el proceso de nuevo se prolonga por encima de lo previsto y lo más probable entonces es que la Secretaría de Hábitat no radique el expediente urbano en la Secretaría de Planeación en 2025, prendiendo una alarma en el proceso porque puede que, incluso, no se pueda culminar la legalización en 2026 como se había comprometido. 

Sería la segunda vez que las entidades cambian de año previsto para la finalización exitosa de la legalización, pues recordemos que en las reuniones que hicimos en 2024 se dijo que culminaría en 2025, en las reuniones de 2025 se cambió y se afirmó que finalizaría en 2026, y, si continúan así las cosas, lo más probable es que las entidades empiecen a hablar de la terminación del proceso en 2027. Esto nos debe impulsar a una mayor presión comunitaria y a un mayor control político pues la legalización, que debía ser inmediata acorde con el Fallo de Cerros Orientales del 2013, no puede prolongarse indefinidamente. Fue precisamente esta observación la que le realizamos a la Alcaldía de Carlos Fernando Galán el 15 de marzo de 2025 cuando realizamos debate de control político en el Concejo de Bogotá con respecto al cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales.

3. Tercer logro: solicitud de aumento del caudal de la concesión de agua

Recordemos que el proceso de legalización tiene que agotar 5 grandes pasos: 4 que consisten en la actualización del expediente urbano, a cargo de la Secretaría de Hábitat; y 1 que corresponde a la Secretaría de Planeación, la cual, una vez se le haya radicado el expediente urbano actualizado, realiza el estudio urbanístico, define la norma urbana y expide la correspondiente resolución de legalización. Los cuatro pasos que conforman la actualización del expediente urbano son los siguientes:

1. Realización y/o supervisión del estudio técnico cartográfico de cada uno de los planos correspondientes a los desarrollos en proceso de legalización.

2. Talleres informativos, de recolección de documentos jurídicos, y de socialización y aprobación del plano de loteo.

3. Elaboración del diagnóstico jurídico del predio en mayor extensión en el que se encuentra ubicado el desarrollo.

4. Recopilación de los conceptos técnicos sobre viabilidad para la prestación de servicios públicos domiciliarios y de afectaciones, emitidos por parte de las siguientes entidades:

4.1. Instituto para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER): Concepto técnico sobre Riesgo de Inundación y Remoción en Masa.

4.2. Secretaría Distrital de Ambiente (SDA): Concepto técnico sobre Zonas de Manejo y Preservación Ambiental (ZMPA).

4.3. Empresa de servicio de Acueducto, Alcantarillado (la que corresponda).

4.4. Empresa de Energía Eléctrica (la que corresponda).

4.5. Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (la que corresponda).

4.6. Empresa de Gas Natural (la que corresponda).

A la fecha, con los retrasos señalados, la Secretaría de Hábitat viene adelantando los primeros 3 pasos de la actualización del expediente de legalización. Una vez culminados estos, contando con el visto bueno de la Secretaría de Planeación con respecto a los planos producto del estudio topográfico (Contrato No. 1733 de 2024), se proseguirá con el cuarto paso: pedir en simultáneo los conceptos técnicos a las entidades y las empresas correspondientes. En el caso de los barrios San Isidro I, San Isidro II, La Sureña y San Luis, cabe recordar que el prestador del servicio de acueducto y alcantarillado es ACUALCOS SAS. Debido a que, en ocasiones anteriores, las dificultades en la prestación de los servicios por parte de ACUALCOS se han tomado como excusa por el Distrito para no avanzar y cumplir con el proceso de legalización de los barrios, concentramos esfuerzos en hacer control político allí para procurar generar las condiciones que eviten repetir la situación y, en consecuencia, el proceso de legalización no se vea truncado.

Fue de esta manera como, vinculando a algunas de las presidentas de las Juntas de Acción Comunal, en conjunto con el representante a la Cámara por Bogotá de la Unión Patriótica y el Pacto Histórico, Gabriel Becerra, abrimos una mesa de trabajo con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, las entidades del Distrito con competencia y ACUALCOS, con tal de revisar las dificultades en la prestación del servicio, en particular de acueducto, y de esta manera generar compromisos y acciones que permitan elevar su calidad. En cumplimiento de esto hemos realizado 5 reuniones de la mesa de trabajo: 1. El 17 de abril de 2024; 2. El 22 de julio de 2024; 3. El 19 de noviembre de 2024; 4. El 28 de abril de 2025; y 5. El 25 de julio de 2025.

En estas reuniones los representes de ACUALCOS adquirieron ciertos compromisos para el mejoramiento de la prestación del servicio de acueducto, los cuales se sintetizan en la realización de 4 acciones: 1. Presentar un plan de acción que responda a los requerimientos producto de la revisión integral que realizó la Superintendencia en 2023; 2. Realizar un modelamiento hidráulico y poner sus conclusiones en función de acciones que permitan mejorar la continuidad en la prestación del servicio; 3. Elaborar un catastro de usuarios como una aproximación rigurosa con relación al número de pobladores del sector, de inmuebles y sus usos, acometidas, informalidad, usuarios y multiusuarios, entre otras, con tal de tener un referente objetivo de los retos para la prestación de los servicios; y 4. Presentar una solicitud a la CAR de ampliación en la concesión de agua con tal de poder captar un mayor caudal.

Con relación a la primera acción, ACUALCOS presentó un plan de acción que no cumplió con lo exigido por la Superintendencia, el cual tampoco subsanó en los tiempos que se le dieron, lo que puede acarrear medidas correctivas o sancionatorias en su contra. No obstante, hemos insistido en que ACUALCOS se apoye en el acompañamiento de la Superintendencia y de la Secretaría de Hábitat con tal de que pueda cumplir con lo exigido. Con respecto a la segunda acción, ACUALCOS contrató y realizó el modelamiento hidráulico, pero no lo ha utilizado para formular acciones con tal de mejorar la continuidad en la prestación del servicio, aspecto en el que seguimos insistiendo. Con relación a esta última acción, cabe resaltar que una eventual interconexión con la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, en la que ha insistido ACUALCOS permanentemente, La Empresa de Bogotá ha sido igualmente insistente en aclarar que en el momento esto no es viable. 

En lo que tiene que ver con la tercera acción, el catastro de usuarios, ACUALCOS ha reportado avances, pero aún no ha concretado un documento que cumpla con los parámetros exigidos, cuestión en la que seguimos insistiendo. Precisamente, ligado a este último aspecto, si bien ACUALCOS había realizado algunas solicitudes de ampliación en la concesión de agua a la CAR, cuarta acción, esta no se había podido concretar, entre otras, por la inexistencia de un censo riguroso y porque ACUALCOS desistió del trámite. No obstante, en cumplimiento de los compromisos, ACUALCOS presentó una nueva solicitud de aumento de caudal en la concesión de agua en enero de 2025. Este es el tercer logro que queremos resaltar: con la presión comunitaria y el control de las entidades, ACUALCOS se encuentra tramitando la solicitud de aumento de caudal en la CAR, única posibilidad en el corto plazo que se tiene para mejorar la prestación del servicio de acueducto. 

Sin embargo, si bien de aprobar la CAR el aumento del caudal se podría presentar una mejora del servicio de acueducto por parte de ACUALCOS, esta no es una solución definitiva. Primero, porque hoy las fuentes son limitadas y es necesario, para cumplir con lo demandado, poder ver fuentes alternativas para captar agua. Y segundo, porque la CAR ha manifestado que, acorde con lo contemplado en el Fallo de Cerros Orientales, aprobará el aumento de caudal teniendo en cuenta las magnitudes de los barrios presentes en 2005, que no se corresponden con las actuales pues los barrios han crecido significativamente.

Así las cosas, la CAR se encuentra en estudio de la solicitud de aumento del caudal de la concesión de agua. Por lo anterior, requirió la documentación necesaria para el trámite, la cual fue radicada por ACUALCOS en abril de 2025, declarándose procedente en mayo. Subsiguientemente, la CAR programó una visita técnica el pasado 18 de julio, visita que no se realizó debido a un asunto de trámite. No obstante, para la realización de la última reunión que hicimos de la mesa en la Superintendencia, la CAR expidió el correspondiente acto administrativo (AUTO DRBC No. 01256000934 de 25 JUL. 2025) y nos confirmó que la visita se reprogramó para hacerse el próximo 3 de septiembre. 

4. Anotaciones finales 

Sin lugar a duda, la culminación de la legalización de los barrios en la Franja de Adecuación de los Cerros Orientales es un producto de la lucha de sus habitantes, particularmente durante todo lo que llevamos del siglo XXI y para la confirmación de este derecho en el Fallo del Consejo de Estado en 2013. Desde nuestra curul en el Concejo de Bogotá, y también en la Cámara de Representantes, hemos querido aportar nuestro granito de arena a este propósito, en articulación con algunas de las Juntas de Acción Comunal y sus presidentas.

Con respecto a lo avanzado nos gustaría dejar para la reflexión 4 aspectos que nos causan preocupación y, precisamente, en relación con ellos es que enfocaremos nuestra labor de control político en perspectiva, a saber:

1. Si no se continúa haciendo un control político y comunitario riguroso al desarrollo de la actualización del expediente urbano y la legalización en general, cabe la posibilidad del relajamiento de las entidades y, por lo tanto, que este proceso se prolongue hasta el año 2027 o más.

2. Dentro de los polígonos objeto de legalización se vienen quedando por fuera varias viviendas que cuentan con la prexistencia (antes de 2005) y que no se les da a sus propietarios un camino o solución por parte de las entidades para saldar dicha situación. Allí creemos que es necesario que la CAR, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Hábitat puedan revisar y ajustar los polígonos para evitar que personas con derecho queden por fuera, o viabilizar la normalización o el reconocimiento de las edificaciones que definitivamente queden en la Reserva y el Área de Ocupación Pública Prioritaria, procedimientos contenidos en los respectivos Planes de Manejo.

3. Es necesario que ACUALCOS pueda avanzar decididamente en las acciones que permitan el mejoramiento en la prestación de los servicios públicos a su cargo. Para esto, debe contar con el apoyo y acompañamiento técnico que le corresponde normativamente a la Secretaría de Hábitat, pero esta última no ha adquirido un compromiso al respecto, en consecuencia, no ha desarrollado acciones importantes y sistemáticas con esa finalidad. El mejoramiento del servicio debe ser resultado del acompañamiento de todas las entidades del Estado con competencia en la materia y, por supuesto, de iniciativa de ACUALCOS.   

4. Ligado a la falta de compromiso mencionada de la Secretaría de Hábitat, no se puede perder de vista que en la actualización del expediente urbano sigue la solicitud de conceptos técnicos sobre viabilidad para la prestación de servicios públicos domiciliarios, entre estos, los de acueducto y alcantarillado provistos por ACUALCOS. Debe haber una máxima alerta, pues, como lo señalamos, esta puede ser de nuevo la excusa del Distrito para no culminar exitosamente el proceso de legalización.

Así, seguiremos con nuestra labor de control político en favor, no solamente de la concreción de la legalización de estos 5 barrios y de Bosques de Bellavista también ubicado en el sector, sino de todos aquellos donde, incluso, se reporta un menor avance, pero se encuentran cobijados por el Fallo de Cerros Orientales, a saber: San Martin de Porres III y IV, Bosque Calderón Tejada y Las Delicias del Carmen. Igualmente, seguiremos insistiendo en la alternativa digna y concertada que debe brindar el Distrito a los 4 barrios ubicados en los Cerros Orientales de la localidad de San Cristóbal a los que se les negó la legalización por motivos de riesgo no mitigable.

El cumplimiento del Fallo de Cerros Orientales debe ser un compromiso de ciudad y, por lo tanto, la legalización y dignificación del hábitat y la vida en los barrios ubicados en la Franja de Adecuación, así como la implementación del Área de Ocupación Pública Prioritaria como una zona de aprovechamiento ecológico y de disfrute de la ciudadanía. En consecuencia, el seguimiento al desarrollo de estos temas continuará siendo central en la agenda de nuestra curul en el Concejo, así como en nuestro programa como fuerza política. Para ello, las comunidades seguirán contando con todo nuestro apoyo.