En Colombia nos hemos acostumbrado a que la cárcel sea sinónimo de castigo y hacinamiento, pero casi nunca de segundas oportunidades. Por eso el memorando de entendimiento firmado entre la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) y el INPEC, en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, para crear una cooperativa de trabajo para personas privadas de la libertad y sus familias, es mucho más que un acto protocolario: es un giro concreto hacia la resocialización real, con ingresos dignos y con la economía solidaria en el centro de la ecuación.
De lo que se trata este acuerdo es de aprovechar el programa Cárceles Productivas para dar un paso adicional: crear una cooperativa nacional que articule a las personas privadas de la libertad y a sus familiares en actividades productivas, con educación, inclusión financiera y encadenamientos con empresas que ya han manifestado interés en vincularse. La propia Superintendente María José Navarro lo explicó con claridad: llevar la economía solidaria y la industria nacional a las cárceles, para que el trabajo allí no sea explotación barata, sino una vía efectiva para generar ingresos, dignidad y preparación para la vida en libertad.
Este memorando no nace en el vacío. La Ley 65 de 1993, nuestro Código Penitenciario y Carcelario, dice sin rodeos que la pena tiene como fin fundamental la resocialización, y que el tratamiento penitenciario debe alcanzarla mediante el trabajo, el estudio, la cultura y la recreación, “bajo un espíritu humano y solidario”. No es un invento ideológico del Gobierno actual: es el mandato legal y constitucional que durante décadas se escribió muy bonito en el papel, pero se incumplió en la práctica. Lo que hoy hace el Gobierno Nacional, a través de Supersolidaria e INPEC, es tomar en serio esa obligación y organizarla bajo una herramienta que conocemos bien: la cooperativa.
Si algo nos enseñan la experiencia de organizaciones como la Fundación Acción Interna y la Ley de Segundas Oportunidades, es que cuando se abren rutas reales de empleo y emprendimiento para la población pospenada, la reincidencia baja y la sociedad gana en seguridad y cohesión. Lo contrario también es cierto: cuando a alguien que ya pagó su pena solo se le ofrece la puerta cerrada, la humillación y el “aquí no lo contratamos”, es mucho más probable que termine atrapado de nuevo en la ilegalidad. La cooperativa que se proyecta con este memorando apunta precisamente a romper ese círculo, empezando por el vínculo más frágil y más invisible del sistema penitenciario: las familias.
