Salvo por quienes se declaran petristas por convicción —hay quienes, inexplicablemente, se identifican por sobre todo con la forma de actuar y de malvivir de Gustavo Petro— o por quienes lo son ocasionalmente mientras extraen oportunistamente beneficios del manejo arbitrario de los recursos públicos, parecería existir hoy una unanimidad en que el gobierno de Gustavo Petro ha sido nefasto, tal como muchos lo advertimos desde antes de su posesión.
En ese escenario, surgen múltiples personajes de la vida nacional, con recorrido o sin él, que sostienen tener la fórmula para “reconstruir” lo que Petro y su perverso grupo de coequiperos han destruido. Entre quienes se han postulado o se presentan como eventuales sucesores se encuentran Vicky Dávila (5,7% CNC – 3,7% Invamer), Juan Carlos Pinzón (1,5% CNC – 2,9% Invamer), Sergio Fajardo (5,9% CNC – 8,5% Invamer), Juan Manuel Galán (1,8% CNC – 1,6% Invamer), Aníbal Gaviria (0,3% CNC – 1,3% Invamer), Enrique Peñalosa (0,9% CNC – 1,1% Invamer), María Fernanda Cabal (1,5% CNC – 1,1% Invamer), Paloma Valencia (NA% CNC – 1,1% Invamer), Paola Holguín (NA% CNC – 0,7% Invamer), David Luna (0,2% CNC – 0,6% Invamer), Mauricio Cárdenas (0,4% CNC – 0,6% Invamer), Juan Daniel Oviedo (1,4% CNC – 0,5% Invamer), Felipe Córdoba (NA% CNC – 0,5% Invamer), y, por supuesto, Miguel Uribe Londoño (10,3% CNC – 4,2% Invamer) y Abelardo de la Espriella (18,7% CNC – 18,2% Invamer).
De cara a que ese propósito pueda cumplirse, no tengo reserva alguna en depositar mi voto por cualquiera de los aspirantes mencionados. Ello, sin perjuicio de reconocer que, aunque considero que todos podrían lograr la recuperación del país, algunos están mejor capacitados que otros para hacerlo. Todos, en distinta medida, podrían contribuir a la reconstrucción nacional. Pero el asunto ya no es ese. La verdadera preocupación hoy no es simplemente escoger entre buenos candidatos, ni medir quién tiene más títulos, más experiencia o mejores equipos técnicos.
El problema de fondo es otro, más urgente y más grave: el país se está deslizando hacia un punto en el que la destrucción institucional, económica y social avanza más rápido de lo que cualquier candidato —por brillante que sea— podría reconstruir si no existe un mínimo de cohesión, propósito común y responsabilidad histórica entre quienes aspiran a gobernar. Todo lo que en la actualidad se halla en inminente peligro de que no se cumpla.