En Colombia, la palabra “progreso” se ha convertido en la excusa favorita de la derecha para justificar el despojo, amparados en el discurso del desarrollo urbano, promueven una transformación de las ciudades que arrasa con la vida popular, pues desplaza comunidades enteras, rompe lazos sociales, borra memorias barriales y condena a miles de familias al exilio dentro de su propio territorio. Este fenómeno llamado gentrificación no es un accidente ni una consecuencia inevitable del crecimiento, es una estrategia deliberada de expulsión, alentada por políticas neoliberales, pactos silenciosos con el gran capital y una idea profundamente clasista de ciudad. Durante años fue ignorado o romantizado por los gobiernos de turno; hoy, desde una mirada crítica, ética y profundamente política, debe ser enfrentado como lo que es, una forma moderna de despojo urbano.
La gentrificación ocurre cuando los sectores populares, históricamente marginados y excluidos son expulsados de sus territorios por el aumento en los precios del suelo, los arriendos y los servicios. No se trata de un proceso espontáneo, sino inducido por lógicas del mercado inmobiliario, políticas de ordenamiento regresivas y la privatización silenciosa del espacio público. Ciudades como Bogotá, Medellín, Cartagena y Cali se han convertido en escenarios donde los pobres estorban y los inversionistas mandan.
Los datos son contundentes. En Medellín, entre finales de 2022 y marzo de 2023, el metro cuadrado pasó de $5,9 millones a $6,4 millones. En algunas zonas de la ciudad, los precios de vivienda aumentaron más de un 43 %. En Bogotá, el fenómeno se concentra en Chapinero, Teusaquillo y algunas zonas del centro histórico, donde el auge de plataformas como Airbnb ha hecho invivible la vida para quienes no tienen ingresos dolarizados, barrios tradicionales donde antes vivían trabajadores, estudiantes, hoy están copados por turistas de paso, cafés de especialidad y edificios de lujo con seguridad privada. La vida comunitaria ha sido reemplazada por la estética del desarraigo.
El presidente Gustavo Petro ha sido claro al respecto. Lo que se está imponiendo en nuestras ciudades es una política de exclusión, quienes impulsan y se benefician del modelo actual están expulsando a la población de bajos ingresos hacia las periferias más inseguras, mientras los centros urbanos se transforman en vitrinas para la inversión extranjera y el turismo internacional. Es una forma de violencia silenciosa pero devastadora, no ejercida con armas, sino con precios, desalojos y decisiones que priorizan el lucro sobre el derecho a habitar.
