La aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2026 fue una decisión compleja, pero profundamente institucional. Tras semanas de intensas negociaciones, el Congreso logró tender puentes con el Gobierno Nacional y construir un acuerdo que garantiza la sostenibilidad fiscal sin desconocer las prioridades sociales del país.
En un contexto político polarizado, que el presupuesto haya sido aprobado por el Congreso y no impuesto por decreto es, sin duda, una victoria para la democracia y una señal de madurez institucional.
El monto aprobado finalmente fue de $547 billones, una reducción de $10 billones respecto a la propuesta inicial del Gobierno.
Este ajuste no fue un simple recorte técnico, sino un acto de responsabilidad política y fiscal. Significa reconocer que Colombia no puede seguir proyectando gastos que no tiene capacidad de financiar y que la disciplina presupuestal es una condición esencial para mantener la estabilidad macroeconómica y proteger la confianza de los inversionistas.
Sin embargo, los desafíos no desaparecen con la aprobación. La mala planeación del presupuesto de 2024 y 2025 dejó consecuencias visibles. El Gobierno se vio obligado a sacrificar cerca de $4 billones en inversión para 2026, reduciendo los recursos destinados a obras e infraestructura social. Esa decisión golpea directamente la capacidad del Estado para generar empleo, cerrar brechas territoriales y dinamizar la economía.
Además, el país continúa bajo la cláusula de escape establecida en la Ley de Regla Fiscal, un mecanismo excepcional que permite exceder temporalmente los límites de déficit ante choques económicos. Pero mantenernos indefinidamente bajo esa figura erosiona la credibilidad fiscal del país. Volver al cumplimiento pleno de la Regla Fiscal debe ser una prioridad, no solo por disciplina técnica, sino porque la sostenibilidad de las cuentas públicas es también una garantía de equidad intergeneracional.
