Empezamos la semana tensa y con expectativa. Deseábamos un pronunciamiento sereno y justo. El juicio a Uribe copaba nuestra atención y la declaratoria de la sentencia, absolutoria, iba a iniciar estos días en forma tranquila. Horas múltiples demoro la lectura de los argumentos y luego la sentencia en una sola palabra: culpable. Me causó extrañeza, rabia y sorpresa: no concebía que un juez de la Republica podía declarar a Álvaro Uribe Vélez culpable. Pasaron las cifras elocuentes de su gobierno por mi memoria y como en este periodo los puntos graves del estado fueron solucionándose. La seguridad y poder viajar por las carreteras de la patria, fue uno de ellos. La nación inhalaba diferente y el oxígeno de la concordia era lo que nos alimentaba. Escuche la condena y la extrañeza por sus términos fue notoria. Peor que un delincuente, al presidente Uribe le habían colocado 12 años y detención domiciliaria inmediata. comprendí que este no había sido un juicio justo sino más bien una venganza política. La justicia y su papel dentro de la democracia se había manipulado y el juicio crítico había sido direccionado, atendiendo la guerra jurídica para lesionar a Uribe Vélez.
Se han dictado sentencias que han sido catalogadas como miserables, antihumanas y contrarias a los principios democráticos. Este tipo de decisiones judiciales no solo comprometen la integridad de los sistemas de justicia, sino que también menoscaban la protección de los derechos humanos fundamentales. Una sentencia miserable es aquella que perpetúa la injusticia y la desigualdad, desviándose de su propósito original de buscar justicia y equidad. Es la guerra jurídica donde la decisión de los jueces va encaminada a derrotar los enemigos políticos: la justicia llena de prejuicios que la lleva a interpretaciones y errores de la ley. Así fue la sentencia contra Uribe Vélez.
