Vivimos en una época en la cual la histeria se activa a la velocidad de un clic, y cualquier colectivo puede ser señalado como amenaza y convertido en chivo expiatorio de males que tienen raíces mucho más profundas. Lo preocupante no es solo la exageración de las amenazas, sino el precio silencioso que pagamos: cada pánico moral deshilacha el tejido social y enmaraña la conversación pública.
Stanley Cohen, profesor emérito de sociología en la London School of Economics, lo anticipó en su libro Folk Devils and Moral Panics, cuando escribió que “las sociedades, de tanto en tanto, se ven sacudidas por episodios en los que ciertos grupos son definidos como enemigos de los valores y los intereses colectivos”. En esas turbulencias, dejamos de vernos como amigos, vecinos, o colegas y pasamos a clasificarnos en bandos irreconciliables. El otro deja de ser persona para transformarse en un riesgo ambulante.
No es raro que, tras un hecho violento ampliamente difundido surja una ola de comentarios y mensajes que colocan bajo sospecha a comunidades enteras y quienes lucen “diferentes” son vistos como amenazas latentes. En redes sociales, las historias individuales se mezclan con prejuicios y se amplifican hasta convertirse en supuestas verdades absolutas. Así, un miedo legítimo —surgido por la inseguridad— se transforma en histeria colectiva, y la solución parece ser señalar, excluir o castigar a un grupo entero, sin espacio para los matices ni para el entendimiento real de las causas de la problemática.
Bajo ese contexto el daño al tejido social se intensifica. Cada vez que cedemos al impulso de etiquetar a un grupo entero como amenaza, rasgamos algo vital: la confianza, no solo en las instituciones, que también sufre, sino de aquella que fomenta la convivencia, la que nos hace mirar al otro sin miedo, la que sostiene la empatía, la solidaridad y la vida compartida en la calle, en el trabajo o en la escuela.