El paro de los transportadores de carga tuvo consecuencias traumáticas para una economía que muestra síntomas de estancamiento crónico, cuya principal causa es la pérdida de confianza, la incertidumbre política, la inejecución del presupuesto de inversión en infraestructura, transferencias improductivas, derroche en burocracia gubernamental, y una ausencia de seguridad jurídica para la inversión. El único sector que ha mantenido a flote una tasa de crecimiento económico mediocre del 2.1% es el agrícola con 10.2%.
La inversión extranjera directa ha caído estrepitosamente en un 46.5% en el segundo trimestre de 2024, mientras que la inversión de colombianos en el exterior ha aumentado en más de un 70%. La improvisación política del gobierno, desde entidades que se vaciaron de sus equipos técnicos, remplazados por ideológicos, desencadenó en el paro de los camioneros una movilización que curiosamente afectó en mayor proporción a las grandes ciudades como Bogotá que asumió pérdidas diarias por más de 30.000 millones.
Las causas del paro no se limitan al aumento de precio del diésel, han sido el resultado de años de tensiones y desacuerdos entre los transportadores y el gobierno. Los factores más significativos son los combustibles con un peso porcentual en la estructura de costos operativos del 40.2%, costos fijos y peajes 45.19%, insumos 9.29%, y partes, servicios de mantenimiento y reparación 4.81%. Además, las multas elevadas han acrecentado el descontento de los transportadores, quienes consideran que estas medidas son desproporcionadas y poco equitativas. Sumado a lo anterior, la inseguridad en las carreteras colombianas por los constantes atracos y extorsiones, la presencia de actores informales y la falta de regulación han llevado a una competencia desleal que afecta a los transportadores formales.
En medio de la crisis suscitada por el paro, el gobierno sorprendió al país el pasado 4 de septiembre con una alocución en la que simplemente calificó a los camioneros como servidores de “intereses oscuros económicos y políticos” sin presentar una propuesta de solución. En su lugar, centró su discurso en presuntas irregularidades en la compra del software de vigilancia Pegasus. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral determinaba que la campaña del candidato Petro violó topes por más de 5.300 millones de pesos.
Después de intensas negociaciones, el gobierno y los transportadores lograron un acuerdo que permitió levantar el paro, en el que se incluyeron puntos clave como el archivo de procesos penales, administrativos o contravencionales que se hayan iniciado con ocasión de la protesta; el incremento gradual del galón de ACPM; la convocatoria a mesas técnicas para estructurar el sistema de costos eficientes para todos los prestadores del servicio de transporte de carga, y una revisión del Sistema de Información Costera y de Tarifas del Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC).
