Hace 16 años el país parecía perder la esperanza de conocer la verdad sobre el fenómeno del paramilitarismo, cuando el expresidente Álvaro Uribe decidió extraditar a Salvatore Mancuso, quien en el marco del proceso de Justicia y Paz estaba dando declaraciones que empezaban a poner incómodos a importantes poderes políticos y económicos del país.
Los intentos de silenciar a los actores clave, de manipular la narrativa del conflicto armado para ocultar a los responsables de uno de los capítulos más oscuros en la historia del país, van a quedar en vano. Con la admisión de Salvatore Mancuso en la JEP y su retorno a Colombia, se aviva de nuevo la esperanza de obtener respuestas sobre el origen del paramilitarismo, saber quiénes dieron el apoyo económico y político para que las AUC alcanzaran tan alto nivel de control territorial sin preocupación del Estado y, principalmente, que los familiares de las víctimas puedan saber qué sucedió con sus seres queridos.
Se abre también la oportunidad de que quienes en su momento se reunieron con Mancuso, con los hermanos Castaño y con los demás artífices intelectuales del movimiento paramilitar, aporten de forma voluntaria su testimonio sobre el posible rol que desempeñaron en la consolidación de las autodefensas antes de que vean como las declaraciones de Mancuso los pongan a sufrir ante la justicia ordinaria. Es el momento justo para tocar las puertas de la JEP y poner su grano de arena para la consolidación de una paz estable y duradera, la cual solo será posible cuando la sociedad colombiana tenga acceso a toda la verdad.
