Colombia suele mirarse en espejos equivocados. Queremos compararnos con países europeos o con potencias del norte, cuando lo más útil es observar a quienes han enfrentado crisis parecidas: violencia urbana desbordada, crimen organizado que suplanta al Estado, instituciones debilitadas y ciudadanos que ya no creen en las promesas de seguridad. México, Brasil, Chile, España o Portugal tienen algo que enseñarnos, pero solo si aprendemos de sus aciertos y fracasos sin repetir fórmulas vacías.
David Garland, referente de la criminología, lo advirtió en The Culture of Control: las sociedades contemporáneas se dejan atrapar en un ciclo de miedo y castigo. Es más rentable políticamente endurecer penas y militarizar que invertir en prevención, aunque la evidencia demuestre que esas medidas rara vez resuelven el problema. Esa tentación populista ha sido el guion de nuestra región.
Miremos a México. Desde 2006, la “guerra contra el narcotráfico” multiplicó soldados y operativos. El resultado: más de 350.000 homicidios y un Estado cada vez más ausente en vastos territorios. La militarización prolongada no pacificó, fragmentó el crimen y lo hizo más violento. Brasil probó otro camino con las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro. Durante un tiempo parecieron funcionar: se redujeron homicidios y mejoró la confianza en las favelas. Pero sin legitimidad ni inversión social sostenida, el modelo se desmoronó. La lección es clara: sin confianza, no hay seguridad duradera.
Chile ofrece un contraste. Apostó por el urbanismo social y la prevención en barrios vulnerables. Programas de recuperación de espacio público y cohesión comunitaria mostraron que la seguridad no nace solo de la presencia policial, sino de la dignidad de la vida cotidiana. España, tras el azote del terrorismo, demostró que la coordinación interinstitucional y la participación ciudadana pueden devolver la legitimidad perdida. Y Portugal tomó una decisión audaz: despenalizó el consumo de drogas e invirtió en salud pública. En lugar de cárceles abarrotadas, construyó confianza y redujo la criminalidad asociada.
¿Y Colombia? Seguimos atrapados en la ilusión de que más pie de fuerza equivale a más protección. Buenaventura y el Catatumbo son ejemplos dolorosos: decenas de miles de efectivos desplegados y, aun así, homicidios, desplazamientos y extorsión siguen marcando la vida diaria. Persistimos en administrar el miedo en lugar de transformarlo.
Robert Muggah y Katherine Aguirre, analistas de seguridad pública, en sus estudios sobre violencia urbana, recuerdan que América Latina concentra el 9% de la población mundial, pero más del 30% de los homicidios. Sin embargo, esa violencia no es inevitable. Ciudades como São Paulo y Bogotá han logrado, en ciertos periodos, reducciones notables gracias a políticas de inclusión, mejor gobernanza local y participación ciudadana. El mensaje es contundente: lo que hace la diferencia no es la cantidad de policías, sino la legitimidad institucional y la capacidad de ofrecer alternativas a las economías ilegales. Donde hay oportunidades, la violencia retrocede. Donde hay abandono, se multiplica.