Llega el 20 de junio finaliza el periodo de un año de sesiones ordinarias y con él también se va la posibilidad al menos por este periodo legislativo de tener un marco jurídico para la paz. Me refiero a el proyecto de ley que radicamos en el Senado de la República, que modifica la ley 975 del 2005, el cual por un famoso “paro legislativo” no se le dio avance, pero seguimos con la FE intacta que el 20 de julio lo radicaremos y ahí si será.
Hoy queremos dejar en claro que este proyecto tiene como actor principal LAS VICTIMAS, en espera de conocer, después de 18 años de hecha la ley 975; una verdad aplazada y cercenada y donde si no se toman los correctivos, se tendría que esperar 50 años más para acceder a la verdad. Con este proyecto es bueno resaltar, uno de los aspectos fundamentales y es el respeto a las características del modelo de Justicia Transicional, en tanto fija una temporalidad; se amplía la cobertura a quienes hayan tenido parte en el conflicto armado, con independencia en la forma en que contribuyeron; se da un cierre definitivo a los procesos que han venido avanzando en los últimos años; llámese a extintas AUC, entre otras, y da una respuesta efectiva a las víctimas en sus justas pretensiones. Este proyecto introduce el enfoque restaurativo. Han pasado más 18 años de la entrada en vigencia de la Ley 975 y a la fecha no se ha resuelto la situación jurídica de muchos de los postulados a este sistema; otros postulados que ya fueron condenados con la pena alternativa, siguen rindiendo versiones libres y asistiendo a las audiencias en los diferentes tribunales, lo que hace que su proceso de reintegración a la vida civil después de 18 años de su desmovilización no se haya podido resolver; otros postulados, ya cumplieron con la pena alternativa, pero aún no han sido condenados y continúan participando en los procesos judiciales que se siguen en su contra, esta situación no puede perpetuarse en el tiempo. Que mal ejemplo para los nuevos grupos que deseen la paz con cumplimiento del Estado.
