A las puertas del Ministerio de la Verdad

Las palabras de Gustavo Petro en estos días, sobre el papel de los medios de comunicación en Colombia, lejos de ser la reflexión serena que cabría esperarse de un presidente, constituyen un manifiesto preocupante contra la libertad de prensa. Lo que ha dicho y publicado en redes, plagado de teorías conspirativas y acusaciones infundadas, culmina en una amenaza velada —aunque transparente— contra los medios críticos y, por extensión, contra uno de los pilares esenciales de cualquier democracia: el derecho a informar y a ser informado libremente.

Comparar a la prensa colombiana con el aparato de Joseph Goebbels, ministro de Propaganda nazi, es, para decirlo suavemente, un desconocimiento de la historia. Goebbels no encabezó un sistema de control mediático para someter al poder; al contrario, fue el arquitecto de una máquina de desinformación al servicio del totalitarismo. Equiparar el periodismo crítico —esencial en democracia— con la propaganda totalitaria es una clara manipulación. No son los medios vigilantes los que representan un peligro, sino quienes, desde el poder, intentan silenciarlos.

La democracia no exige adhesión incondicional de los medios, sino pluralismo y fiscalización. Ese escrutinio, casi siempre incómodo, es un elemento fundamental del contrato social que Petro juró respetar cuando asumió el cargo. Confundir la crítica legítima con una supuesta “conspiración del gran capital” no solo es una simplificación peligrosa, sino echar mano de fórmulas populistas que han servido, históricamente, para justificar la censura y la represión.

El lenguaje empleado por Petro —“herederos”, “enemigos del pueblo”— no es novedoso ni inocente. Es la estigmatización de quien no piensa como él y una amenaza para la democracia. Cuando Gustavo Petro insinúa la “liquidación” de contratos a medios críticos, está utilizando el poder del Estado para hostigar la discrepancia. ¡Cómo recuerdan sus palabras a las que se oyen en el impresentable vecindario regional! Sí, los medios no son infalibles: existen intereses de empresa, errores y sesgos. Pero la solución no es el acoso estatal ni el desmantelamiento de lo que hoy es el sistema informativo del país. 

Es llamativo que las acusaciones de Petro contra los medios no vengan acompañadas de pruebas concretas. El juicio colectivo e indiscriminado solo alimenta la desconfianza y el resentimiento. ¿Quién sería el juez de esa supuesta “verdad constitucional”? ¿El propio presidente? ¿Sus seguidores? Cualquier intento de respuesta resulta inquietante.

Por otra parte, la creación de una red social propia del presidente, denominada “P”, es otro síntoma preocupante. No se trata de una anécdota digital, sino de un proyecto que apunta a sustituir el ámbito mediático plural por un canal oficialista, controlado y financiado por el gobierno. Esto no es pluralismo; es la construcción de un monopolio del relato, donde el presidente deja de ser fiscalizado para convertirse en el único emisor de la “verdad oficial”. Si seguimos por este camino, llegaremos a la institucionalización del Ministerio de la Verdad.

Declarar enemigo al periodismo solo porque este no lo aplaude incondicionalmente es una inquietante espada de Damocles; agrava la polarización. La prensa tiene que ser un contrapeso real al poder, incluso cuando fallen la política y la justicia. Convertirla en chivo expiatorio de la frustración presidencial no es solo injusto; es peligroso.

Aunque parezca una simpleza decirlo, cuando la gente elige presidente espera que gobierne con responsabilidad, no con resentimiento. Que garantice las libertades, no que las limite. Ya sabemos que a estas alturas del partido pedirle sensatez a Petro parece un imposible, pero será bueno recordarle que la historia no absuelve a quienes silencian la crítica, y menos a quienes dicen hacerlo en nombre de la justicia.