Cualquier lector medio de prensa internacional habrá encontrado últimamente alguna referencia a un asunto de cierta región española llamada Cataluña. La cuestión es larga, compleja y enrevesada. Para los españoles —yo diría que para la mayoría de los españoles— es algo de lo que están hartos, que ha dividido a la gente, que ha roto amistades, que irrita porque su constante mención en prensa, radio y televisión cansa más que una vaca en brazos, y porque, algo que debería estar restringido a unas provincias del noreste del país, hoy ha pringado a todo mundo pues de ello depende el gobierno de la nación y, más concretamente, su presidente, Pedro Sánchez.
La cosa es seria, porque dos partidos minoritarios, y algún grupúsculo más minoritario todavía, dicen pretender la independencia para esa región, y quieren crear una republiqueta volcada al Mediterráneo que la Unión Europea no va a permitir; y si lo lograran, nadie la va a reconocer…, bueno, Vladimir Putin sí, porque estuvieron en tratos con sus agentes a ver si les echaba una mano. Ahora bien, siendo seria la cosa, como digo, tiene también visos de ópera bufa, de circo de tres pistas. El último número ha sido inefable: su principal protagonista (ojo: perseguido por la justicia, con orden de captura y huido a Bélgica) se presentó en una plaza pública de Barcelona ante un puñado de simpatizantes, echó un discurso, dió vivas a la independencia de Cataluña, se le escapó a la policía local en el cambio de luces de un semáforo, y regresó a Bélgica. El juez que lo buscaba se enfadó mucho, anda pidiendo responsabilidades y los inútiles y los cómplices que facilitaron la fuga como Johnnie Walker.
Hasta aquí el asunto serviría para reflexionar y comprender de dónde nos llegó el modelo de disparates políticos que vivimos en Latinoamérica. Pero vean esto: hace unos meses, el delincuente huido —que se llama Carlos Puigdemont y tiene un abogado chileno— consiguió que este letrado redactara una ley a su medida para que lo amnistiaran por haber declarado oficialmente hace siete años, la independencia de Cataluña. Para lograr esto (tener una conveniente amnistía) puso al gobierno de Madrid a tratar con un mediador salvadoreño en Ginebra y así darle al negocio carácter de conflicto internacional, y que se aprobara esa ley en el parlamento español. Pero los jueces del Tribunal Supremo, personas serias y de mucho fundamento, encontraron que aquello chirriaba bastante y, a pesar de que el gobierno amnistió los delitos del pájaro, la justicia insiste en ponerlo entre rejas
