Las empresas del agro tienen un rol trascendental como agentes para el desarrollo rural.

Es esencial recordar que la agricultura formal es un motor clave para el desarrollo rural, la generación de empleo y la protección de nuestros recursos naturales.

Según el Banco Mundial, en su estudio “Agriculture and Food: Development news, research, data”, publicado en 2024, la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria para el 80% de las personas más pobres del mundo, que viven en áreas rurales.

Investigaciones como la “Iniciativa de Pobreza Multidimensional de Oxford (OPHI)”, indican que el crecimiento en el sector agrícola es dos veces más efectivo para disminuir la pobreza que el crecimiento en cualquier otro sector. Países como Ruanda, Ghana y Etiopía han experimentado reducciones históricas de la pobreza gracias a inversiones en agricultura.

Aunque los gobiernos y organismos internacionales son claves para impulsar, a través de incentivos y programas especiales, el crecimiento rural, las grandes empresas agrícolas estimulan directamente el desarrollo de las comunidades locales mediante la generación de empleo y mayores ingresos, así como la creación de oportunidades educativas y de capacitación.

Además, estas empresas invierten en infraestructura y tecnología, generando un efecto multiplicador que beneficia a otras industrias locales, contribuyendo a la seguridad alimentaria y al desarrollo económico sostenible.

Experiencias en países como Chile, Perú y Kenia muestran cómo la presencia de empresas agrícolas bien organizadas ha transformado comunidades rurales, aumentando la productividad, reduciendo la pobreza y fortaleciendo la resiliencia económica de estas regiones.

En el contexto latinoamericano, la agricultura de exportación se perfila como un pilar estratégico para el desarrollo económico y social. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destaca que para aprovechar el potencial de la región es esencial la inversión del estado y del sector privado.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también subraya la importancia de la inversión privada en el sector agrícola. Por ejemplo, en Perú, IDB Invest ha respaldado el crecimiento de empresas agrícolas enfocadas en frutas y hortalizas mediante financiamiento y asistencia técnica. Entre 2017 y 2023, su portafolio apoyó 34,000 empleos, de los cuales el 43% fueron para mujeres, y mejoró el acceso a servicios y financiamiento para más de 500 agricultores.

Así las cosas, en el mundo y, por supuesto en Colombia, las empresas del agro tienen un rol trascendental como agentes para el desarrollo rural.

En agosto pasado, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria indicó que el sector agropecuario en su conjunto emplea a 3,4 millones de personas en el país. Una gran mayoría de estos empleos obedecen a la presencia del sector privado.

En un país donde el campo ha sido históricamente sinónimo de abandono, la agricultura formal se ha convertido en sinónimo de esperanza: es la oportunidad de que las comunidades crezcan con dignidad, de que los jóvenes encuentren futuro en sus regiones y de que las mujeres rurales sean protagonistas del cambio.

Un ejemplo concreto de cómo la agricultura formal transforma comunidades es la floricultura de exportación en Colombia. Este sector genera más de 240.000 empleos rurales, todos ellos formales. Hoy, sus actividades están presentes en 116 municipios, con más de 10.500 hectáreas cultivadas, distribuidas principalmente en Cundinamarca (66%), Antioquia (33%) y un 1% en departamentos del suroccidente.

Igualmente, la floricultura de exportación destaca por su eficiencia en generación de empleo, con 14 trabajos por hectárea, frente a 2 o menos en otras actividades agrícolas.

Así mismo, los floricultores colombianos se destacan internacionalmente por haber consolidado un modelo de trabajo que es referente en sostenibilidad agrícola para el mundo. Esto ha significado un aporte fundamental para el desarrollo social y económico de las comunidades rurales, y un profundo respeto por la conservación y recuperación de los ecosistemas y todas sus formas de vida.

El anterior ejemplo, como tantos otros en la agricultura colombiana, muestra que cada inversión responsable, cada práctica sostenible y cada empleo formal creado reafirman que la empresa agrícola moderna es parte de la solución, no del problema.

Apostarle a su crecimiento no es solo una decisión económica, sino una convicción de país: la de que el desarrollo, la equidad y la paz territorial se cultivan, literalmente, desde la tierra.