El gobierno Petro le cortó los recursos a la salud para generar una crisis y demostrar que el sistema había fracasado, obligando así a una reforma. Estamos abocados al mismo procedimiento: el país tendrá un déficit de generación de energía eléctrica en los próximos años, y el gobierno viene preparando una trama según la cual todo es causado por la participación de los privados en el sistema. El modelo estatizador del presidente Petro —que ya aplicó en los sectores de salud y pensiones— ahora apunta hacia el sector eléctrico.
La crisis eléctrica de los años 90 fue el resultado de un país donde todo dependía del Estado. El sector eléctrico era 100% público, se tenían 103 agentes y el Estado gastaba el 24% de su presupuesto en atender la energía de los colombianos. Además, representaba más de un tercio del déficit fiscal y solo generaba 8 GW de capacidad instalada. Luego del apagón, se pasó a un mercado con más competencia, y con la llegada del sector privado las inversiones alcanzaron los 30 mil millones de dólares, 298 agentes y pagos de impuestos por más de 7 billones de pesos. Hoy, el país genera 20 GW, un aumento del 150% frente a 1990.
Sin embargo, el panorama energético es preocupante. El déficit de energía eléctrica alcanzará el -3% en 2025, el -5% en 2026 y podría llegar al -12% en 2030. Desde las proyecciones del fenómeno del Niño en 2022, se pidió al gobierno nacional y a la CREG tomar medidas para atender las crecientes dificultades del sector generador. Petro decidió no nombrar comisionados en la CREG y, mediante un decreto, habilitarse para definir las tarifas él mismo. El Consejo de Estado declaró nulo dicho decreto, pero el presidente aún no nombra comisionados. El sector eléctrico lleva más de dos años sin regulaciones que ajusten el mercado a las coyunturas; estamos a la deriva.
Aunque el 68% de la generación de energía en Colombia proviene de hidroeléctricas, dependemos de térmicas (a gas y carbón) para abastecer la demanda, lo que implica un aumento en los costos. Esto no solo se debe al carbón o al gas, sino a la configuración del mercado: el 86% de la energía hidroeléctrica está contratada a largo plazo, con precios más bajos, mientras que en las térmicas solo el 4% es a largo plazo y el 96% depende del precio de bolsa, que es altamente volátil. A esto se suma que las térmicas han tenido que importar gas por la decisión del gobierno de no firmar nuevos contratos de exploración y explotación.
