El anterior alcalde de Medellín Daniel Quintero y aspirante a las elecciones presidenciales fue investigado disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación y el pasado 3 de julio la entidad le impuso una suspensión de 6 meses e inhabilidad especial por el mismo término. Esta decisión es altamente controversial, ya que la Entidad actuó fuera de su competencia, vulnerando los derechos fundamentales de Daniel Quintero, especialmente el derecho a la defensa. Durante el trámite, se le negaron pruebas solicitadas y la valoración de las mismas no fue objetiva.
Esta decisión, infundada y violatoria tanto de la Constitución como de tratados internacionales, parece obedecer a un presunto plan para excluirlo de las elecciones presidenciales. Recordemos que la Procuradora Margarita Cabello fue Ministra de Justicia del gobierno de Iván Duque, mostrando en sus actuaciones su deseo de favorecer a ciertos grupos políticos.
Este es un tema controversial, puesto que dicha Entidad es responsable de ejercer control disciplinario sobre los servidores públicos, Sin embargo, esta potestad no le otorga la facultad de juzgar ni de emitir sentencias, ya que no es un juez de la República; su función es exclusivamente administrativa, casos como los de Daniel Quintero evidencian la extralimitación en sus funciones y la violación a Tratados Internacionales.
La Convención Americana de Derechos Humanos, fue ratificada por Colombia en 1973, parte integral del bloque constitucional, dispone que solo un juez de la República puede sancionar a servidores públicos electos popularmente, por tanto, La Corte Constitucional, mediante sentencia en el año 2023, reiteró la inexequibilidad de las atribuciones jurisdiccionales ejercidas por la Entidad. En otras palabras, reafirmó que La Procuraduría no puede sancionar, destituir ni mucho menos inhabilitar a servidores públicos de elección popular.
La arbitrariedad y la extralimitación de funciones por parte de La Procuraduría se refleja en otros casos, como el del Senador de la República Álex Flórez Hernández, el 23 de mayo del 2023, fue sancionado con la suspensión e inhabilidad especial por el término de ocho meses. Además, actualmente cursan otras investigaciones efectuadas por la Entidad contra miembros de la coalición Pacto Histórico, como Alfredo Mondragón, Susana Gómez Castaño y Camilo Romero Galeano, a quienes se les continúan violando sus derechos políticos.
