La pandemia del covid-19, que sacudió al mundo entero desde principios de 2020, no solo expuso las profundas desigualdades sociales y económicas en países como Colombia, sino que también sacó a relucir la corrupción rampante que marcó la gestión del gobierno de Iván Duque. Mientras millones de colombianos luchaban contra una crisis sanitaria sin precedentes, la administración de turno aprovechaba la emergencia para desviar recursos públicos a manos de contratistas cuestionables.
Esta columna no solo busca exponer las graves denuncias, sino también contrastar esa realidad con la esperanza que representa un gobierno progresista actual, comprometido con el bienestar social y la transparencia, Uno de los episodios más vergonzosos de la administración Duque fue la gestión de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que en plena pandemia asignó millonarios contratos a empresas con dudosas capacidades para cumplir con las exigencias del momento. ¿Sabían ustedes que, a través de la UNGRD, se le entregó a una cuestionable Unión Temporal un contrato por $38.780 millones para el suministro de tapabocas? Sí, en medio de una crisis sanitaria, cuando los hospitales clamaban por equipos médicos, recursos vitales fueron desviados a contratistas que no tenían la experiencia ni la idoneidad para cumplir con las expectativas, pero esta no fue la única irregularidad. Otro caso que ha dejado perpleja a la opinión pública es el contrato por $93.000 millones adjudicado a la empresa UB SAS, cuyo representante legal es Jairo Alberto Avellaneda, este contrato tenía como objetivo la provisión de 900 ventiladores para las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), equipos cruciales en el tratamiento de pacientes críticos de covid-19. Lo insólito es que UB SAS no es una empresa especializada en suministros médicos, sino que se dedica al comercio de bebidas, tabaco y construcción de obras civiles. ¿Cómo fue posible que una empresa sin experiencia en el sector de la salud resultara encargada de suministrar equipos de tan alta complejidad? Esta situación refleja un modus operandi en el que, aprovechando la tragedia del covid-19 entre 2020 y 2021, el gobierno anterior suscribió 1.485 contratos, muchos de los cuales fueron entregados a allegados y empresas cercanas a su administración, El caso de UB SAS no es un hecho aislado, sino parte de un patrón en el que empresas sin experiencia en el sector salud recibieron contratos multimillonarios para la adquisición de insumos médicos esenciales.
Otra muestra de la desidia y corrupción que caracterizó la administración Duque se refleja en el contrato otorgado a la empresa Industrias Martinica El Vaquero. Esta empresa, constituida en el año 2000 con un capital de apenas cinco millones de pesos, se especializa en la compra, venta y fabricación de productos a base de pólvora. Sin embargo, en el contexto de la pandemia, esta empresa logró adjudicarse un contrato de $35.700 millones para la adquisición de tapabocas NK-95, destinados al personal de salud ¿Cómo una empresa dedicada a vender pólvora y sus derivados terminó suministrando tapabocas? La explicación parece residir en los intereses políticos y las conexiones con el poder, más que en la idoneidad para ejecutar contratos de salud pública. Y qué paradoja mientras los mismos dueños de ese negocio se lucraron de millonarios dineros públicos de la salud, meses después, su polvorera en Soacha explotó dejando 1 muerto y 34 heridos. Una tragedia que pudo ser peor porque justo al lado funciona una estación de gasolina. ¡Qué horror!
