En un país en donde el sistema judicial es una de las peores cartas de presentación, con una mancha de corrupción judicial sumada a la congestión de los despachos y al muy bajo nivel de los funcionarios, con salarios que abren la puerta al cohecho, al prevaricato y al peculado por mencionar algunos de los reatos en los que vemos inmersos con regularidad, a los operadores de la rama, es difícil avanzar en las estepas de instrucción en materia penal, incluso en los crímenes de Lesa Humanidad; prueba de ello es la tragedia Avianca (1989). En este impune caso, funjo como abogado y parte civil dentro del proceso penal y vamos a sumar 36 almanaques en estado de “investigación preliminar”; vergonzoso. Pero hoy vemos luces y sigo pedaleando con firmeza; me gobierna el RECODI.
En nuestro hábitat judicial y en donde muchos trabajamos con dificultades grandes, que piden a alaridos desgarrados una reforma estructural, que creo que mis bisnietos si llegara a tenerlos, no verían, todos estos elementos hacen que cuando lleguen a la mesa de trabajo de la Fiscalía General de la Nación, no se hagan esperar las versiones, hipótesis, oficiales y algunas que apuntan a la verdad y a la justicia. También se despliegan en el terreno peligroso e irresponsable de la especulación, todo tipo de posturas que poco le aportan al ambiente, y que flaco favor les hacen a las familias que sufren. Por esto, hay que ser muy delicados en lo que consumimos en los canales no oficiales de comunicación y que, por lo general por la reacción emocional, difundimos sin pensar en las consecuencias. Las teorías conspirativas sí que son dañinas y perjudiciales; muchas veces llegan a tener efecto sobre las investigaciones del ente instructor, lo cual es muy peligroso, porque abre la puerta a la impunidad y a la salida más fácil para un funcionario de conocimiento, que no esté a gusto con la carga laboral, que muchas veces, no es proporcional a su contraprestación salarial. Esto hay que catalizarlo.
En la investigación sobre el atentado a Miguel Uribe, los manejos inadecuados de la información (algunos entendibles en el afán de búsqueda de la verdad y la justicia, pero que hay que mesurar) de la gente buena que quiere genuinamente la recuperación del senador y que se llegue a buen puerto en la función judicial, de otros que hablan por hablar y de aquellos que pescan en río revuelto de manera mezquina, no han sido la excepción. Unos ya hablan de Miguel presidente, una vez supere su condición de salud, (como yo lo deseo poderosamente); ya hay hasta imágenes suyas como habitante de la casa de Nariño. Otros, en el peor de los casos ya tienen a María Claudia Tarazona con la banda presidencial terciada, de lo cual también se conocen imágenes circulando en el ciber espacio. Esto le suma un ingrediente adicional al extrapolado momento político que vivimos, porque mete el dedo en la llaga y se aleja del propósito de la mediación y de la reconciliación, si es que a eso pretendemos llegar. Por esto, aprovecho estas líneas para extender una invitación a la prudencia, a la ponderación; al fin, a morigerar. Hagamos un ejercicio de ser catalizadores de emociones, que no es del todo sencillo y menos cuando nos han tocado la fibra más íntima del dolor, pero puedo decir, sin asomo de duda, que aporta más que lo otro.
Hace 25 días estábamos consumidos en la indignación y la tristeza por el doloroso y absurdo atentado contra la vida de Miguel; hoy seguimos orando. Esta tal vez, es una de las mejores actitudes que debemos adoptar en vez de lanzar tantas “Fake news” y destilar tanto odio y veneno a través del mundo digital. Sigamos orando y pedaleando con positivismo: “todo va a estar bien”, decía mi amada madre. Hoy la investigación, para tratar de desenredar esta maraña y el entramado desde su origen, su iter criminis y el modus operandi de los responsables, ha avanzado. Parece que hay interés y diligencia en el trabajo de la fiscalía y de la Policía Judicial. No obstante, y volviendo a lo que mencionaba al inicio, algunos ya dan por muerto a alias “El Costeño”. Bajémosle al voltaje, por favor. Dejemos actuar a la FGN, así tengamos los más que justificados reparos sobre la misma. Se puede ejercer control y opinar, sin convertirse en un palo en la rueda y menos, ser un cómplice de la impunidad. A punto de cumplir un mes, considero que la función constitucional del ente instructor ha sido reconocible, la trazabilidad y el registro de las cámaras ha sido bien importante, las declaraciones de quienes están a ordenes de la justicia deben ser muy bien analizadas. Se ha conocido que El Costeño y El Hermano, sostuvieron una reunión días previos a la consumación del atentado en una estación de servicio y se conoce oficialmente de otras reuniones, que dan cuenta de la posible estructura orgánica y jerárquica de donde provino el condenable hecho. Esto da fuerza a la hipótesis, de que detrás de esto, hay una organización criminal estructurada con sus respectivos roles jerárquicos y precisa y claramente coordinada. El Costeño no es propiamente un novato en el mundo de la delincuencia. Es un bandido que cuenta con un amplio prontuario y que suma más de veinte años de actividad delincuencial. Sobre este despreciable sujeto en el caso de Miguel Uribe, una fuente de alta credibilidad nacional ha manifestado que “según datos recopilados y citados por el diario El Tiempo, Arteaga Hernández opera en sectores de Usaquén y La Candelaria y cuenta con un historial delictivo que se remonta al menos dos décadas atrás, lo que complica la investigación y revela una estructura criminal persistente.
Según la información manejada por la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), en 2010 El Costeño fue capturado en la calle 119 con carrera séptima, portando un revólver Ruger calibre 38 con seis cartuchos, cuando tenía 25 años. Tras intentar huir y abandonar el arma, fue detenido cuadras adelante. En esa ocasión afirmó no tener salvoconducto e indicó que necesitaba el arma para su seguridad personal debido a intentos de robo en su peluquería. En 2011 ocurrió una nueva captura por hurto agravado; sin embargo, logró quedar en libertad bajo caución. Meses después ingresó a prisión tras otra detención por porte ilegal de armas y hurto agravado en Engativá.