Mientras Colombia se distrae con el ruido político y las cortinas de humo que lanza el Gobierno, hay hechos gravísimos que pasan casi invisibles. Esta semana ocurrió un ejemplo perfecto: mientras el país asimilaba —con razón— las revelaciones sobre alias Calarcá, un dato devastador quedó enterrado entre el ruido. Según reveló El Colombiano con cifras oficiales, el secuestro extorsivo aumentó un 118% en lo corrido del año. Son más de 520 familias viviendo terror y angustia.
Esa cifra no es cualquier cosa. Es el regreso a un pasado que creíamos superado. Muchos crecimos marcados por el secuestro; sabemos lo que es vivir con miedo y tener a un familiar en manos de estos grupos inhumanos.
Y si alguien se pregunta por qué está aumentando así, la respuesta está en lo que Noticias Caracol reveló. El país ya conoce lo esencial: en las comunicaciones incautadas a Calarcá aparecieron personas en cargos estratégicos del Gobierno. Ese hecho pone en otra dimensión el debate sobre seguridad nacional.
La pieza clave que conecta todo es la historia de Wilmer Mejía, un antiguo líder estudiantil de la Universidad de Antioquia con formación en Educación Física. El presidente lo designó como su representante en el Consejo Superior de esa universidad y tambien lo nombró en un puesto estratégico en la Dirección Nacional de Inteligencia. La pregunta no es un capricho opositor, es de sentido común: ¿cómo llega alguien con ese perfil a un cargo crítico en inteligencia? Su hoja de vida no lo explica. Su cercanía política, sí.
Lo que vemos hoy no es un hecho aislado, sino una práctica que el Estado permitió durante años: la infiltración de grupos armados en universidades públicas. El reclutamiento urbano es hoy una de las señales más graves de esta infiltración. La presencia del delegado del presidente en una universidad con histórica influencia de estas estructuras, mencionado en archivos criminales, debería encender todas las alarmas. Las universidades han sido espacios estratégicos para estas organizaciones, no solo para coaccionar, sino para adoctrinar y construir base social.
El senador Carlos Antonio Lozada lo admitió abiertamente en una entrevista cuando dijo que casi dos décadas de su vida las dedicó al trabajo clandestino y político al interior de las ciudades, especialmente en universidades.
