En las noches de la Colombia de 1992, exactamente hace 30 años, existió durante 11 largos meses racionalización de energía, o como dirían los ciudadanos de ese entonces, “apagón”, que duró incluso hasta nueve horas diarias en las principales ciudades; las personas no podían prender sus televisores ni hacer de comer en fogones de luz, era el tiempo de las grabadoras con pilas, y a punta de velas, walkmans y fogones de petróleo, los ciudadanos terminaban sus últimas horas antes de acostarse a dormir.
Hidroituango, es un proyecto de energía hidráulica ubicado en el departamento de Antioquia que debió entrar en operación en el año 2019. Los constructores de este megaproyecto de ingeniería, así como los gerentes de EPM, gobernadores de Antioquia y alcaldes de Medellín de la última década tomaron una serie de decisiones, que redundaron entre torpezas técnicas, jurídicas, ambientales y financieras conllevando a la tragedia por todos conocida.
Meses antes de la entrega de lo que sería la primera turbina en funcionamiento en 2019, dos de tres túneles internos fueron taponados artificialmente por decisiones de aceleración de la obra y luego, como si se tratara de una muerte anunciada, el tercer túnel, además realizado sin permisos de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), fue bloqueado por un derrumbe; con este trasegar de sucesos, 120.000 personas de poblaciones circundantes al proyecto, sufrieron el riesgo de perder sus vidas, además, pusieron en riesgo la estabilidad energética del país y llevaron al aumento de las tarifas de energía que hoy Colombia viene padeciendo, y como si fuera poco, dichos errores, afectaron las finanzas de EPM, y con esto sus transferencias al presupuesto del Distrito de Medellín.
