La hidroeléctrica de Ituango está en la espera que la exministra de Justicia y exconsejera de Estado, Ruth Stella Correa, junto con los abogados Jaime Humberto Tobar Ordóñez y Fernando Pabón Santander, árbitros de la Cámara de Comercio de Medellín, den a conocer su veredicto final respecto a la demanda de 1.123.476.754.237 de pesos presentada por la Sociedad de Hidroituango contra Empresas Públicas de Medellín (EPM).
La demanda, originada por los daños ocasionados durante la contingencia de abril de 2018, se centra en determinar si EPM incumplió las fechas de entrega de los hitos del proyecto, provocando demoras sustanciales en la ejecución de la hidroeléctrica. La crisis se desencadenó hace cinco años cuando el tercer túnel de desviación, conocido como Galería Auxiliar de Desviación (GAD), se obstruyó, forzando la necesidad de desviar el agua a través de la casa de máquinas y desplazando a los residentes cercanos.
Uno de los puntos centrales de la demanda es la responsabilidad de EPM en los retrasos debido a la construcción de la desviación del río Cauca, que Hidroituango considera costosa y riesgosa. La Sociedad Hidroeléctrica argumenta que ninguna contingencia se habría presentado si EPM no hubiera decidido ejecutar e iniciar dicha construcción. Por otro lado, EPM sostiene que al momento de firmar el contrato Boomt ya existían significativos retrasos atribuibles a Hidroituango, lo que impidió la desviación del río antes de 2013, según el plan original.
