Sin estado de derecho no hay democracia, tampoco justicia ni paz. Suena a lugar común, pero en el mundo según Donald Trump y en la Colombia del Estado de opinión 2.0 de Gustavo Petro, no lo es. Los regímenes autoritarios de izquierda y de derecha tienen narrativas “distintas”, pero hacen lo mismo, ambos recurren a la mentira y la calumnia para descalificar a sus opositores, sustituyen el dato por el dogma, la evidencia por la ideología. Dicen lo que mucha gente quiere oír, pero evitan dar a conocer lo que los ciudadanos necesitan saber. El culto a la personalidad del mesías los enceguece, las instituciones democráticas, el equilibrio de poderes, los pesos y contrapesos, el debido proceso les estorba. No les importa desacatar los fallos de la justicia, su objetivo es deslegitimar el poder judicial, instrumentalizarlo para perseguir a sus opositores o descalificarlo cuando son llamados a responder por corrupción, tachándolo de persecutor político.
El autoritarismo de derecha usa el nacionalismo y las preocupaciones de seguridad para justificar sus acciones. Invocan amenazas a la soberanía nacional o a la seguridad pública, para imponer medidas draconianas que restringen las libertades individuales y debilitan la independencia judicial. No reparan en manipular marcos legales, para suprimir la disidencia, silenciar la oposición y mantener su control sobre el poder.
El autoritarismo de izquierda defiende en su discurso la justicia social y la igualdad, pero no tiene reparo en su impostura de intérprete del pueblo. En su búsqueda por redistribuir el poder y los recursos, pasan por alto los procedimientos legales establecidos, lo que termina por socavar las mismas instituciones destinadas a salvaguardar la democracia. Aceitan con dineros públicos una maquinaria digital a su servicio. La concentración del poder y los negocios en manos de unos pocos, junto con la erosión de los controles y equilibrios, crea un terreno fértil para el abuso de poder.