Escribo esta columna con la cabeza llena de preguntas. Leí con horror y tristeza lo sucedido en un colegio de nivel inicial en Arequipa, Perú, donde una docente fue acusada de amarrar a niños de tres años a sus sillas con cinta adhesiva, incluso de amordazarlos, como forma de castigo por comportamientos "traviesos". No hay duda: nada justifica el maltrato infantil. Ni los gritos, ni las ataduras, ni los silencios forzados. Y, sin embargo, no puedo evitar mirar más allá del titular.
Porque la realidad escolar —la de verdad, no la idealizada en los discursos— es una selva densa, a veces caótica. A diario, cientos de docentes enfrentan aulas con 30, 40 niños, muchos de ellos con necesidades emocionales profundas, otros con vacíos afectivos que rebotan en gritos, golpes o ausencias. En ese entorno, el equilibrio emocional del maestro se convierte en una cuerda floja que puede romperse sin que nadie lo note... hasta que explota.
No pretendo excusar a nadie. Atar a un niño es una línea roja que jamás debe cruzarse. Pero me inquieta cómo la sociedad reacciona con furia instantánea, exigiendo castigo ejemplar, sin antes preguntarse cómo llegamos hasta ahí. ¿Quién escucha al maestro? ¿Quién le da herramientas reales para manejar una clase desbordada? ¿Quién atiende su salud mental, su agotamiento, su frustración acumulada?
