La administración en Antioquia atraviesa un momento crítico, marcado por decisiones que no solo generan dudas, sino que parecen desconectadas de las necesidades reales de los antioqueños. Entre el Gobernador Andrés Julián Rendón y una buena parte de los miembros de la Asamblea Departamental le dieron el mejor regalo de navidad posible a los antioqueños: subir los costos de los servicios públicos.
Mediante la Ordenanza No. 59 de 2024, aprobada el miércoles 4 de diciembre por catorce diputados liberales, conservadores y del Centro Democrático, decidieron que lo que la ciudadanía necesita para estas épocas decembrinas es pagar una factura de servicios públicos más cara, por cuenta de una disputa política que tiene el Gobernador con el Gobierno Nacional.
Rendón insiste en que nada de lo que hace el Gobierno es suficiente, aun cuando se tiene presupuestado que para el 2025 se destinarán desde la Nación 6.56 billones de pesos para el departamento, el segundo ente territorial con mayor asignación presupuestal y enfocada en lo que sí necesita el departamento, que son mejores vías, la reparación a las víctimas del conflicto, la gratuidad de la educación superior, entre otras problemáticas sociales que deben ser resueltas en el departamento.
El tema no es de recursos, es de un Gobernador que está sustentando sus aspiraciones políticas en la idea de que el Gobierno Nacional está de alguna manera enemistado con Antioquia; se le olvida al Gobernador que lo que se tiene es un Gobierno que se preocupa por los excluidos del departamento como nunca ningún otro gobierno nacional o departamental lo había hecho. No es de gratis que, por ejemplo, Antioquia sea la cabeza de punta de la reforma agraria siendo el departamento en el que más entregas de tierra a campesinos ha hecho la Agencia Nacional de Tierras.
El Gobernador Rendón puede tener sus disputas ideológicas con el Gobierno Nacional, eso hace parte de vivir en democracia. Lo que es inaceptable es que en el marco de dichas disputas, pensando más como candidato que como gobernante, quienes paguen los platos rotos sean los ciudadanos, a los cuales se les va a encarecer el costo de vida, y el sector productivo del departamento a los cuales se les van a aumentar los costos de producción.
Resulta inconcebible que se proponga una medida de este calibre cuando los diputados de la Asamblea ya aprobaron el presupuesto de 2025, incluyendo los recursos asignados a la Secretaría de Seguridad, es decir si los fondos ya están previstos, ¿por qué cargar este peso adicional sobre los hogares y las empresas? Lo que se presenta como una solución para reforzar la seguridad no solo carece de sentido lógico, sino que además vulnera el principio de legalidad tributaria.