Con asombro y algo de desconcierto recibimos los colombianos hace una semana el anuncio de la CREG y el Ministerio de Minas sobre la resolución de sanciones e incentivos para estimular el ahorro de energía eléctrica en el país, dado que el nivel de los embalses para ese entonces seguía tan solo 2 puntos porcentuales por encima del nivel crítico del 27%. El programa, buscaba, por un lado, pagarles a los ahorradores y, por el otro, multar el incremento en el consumo.
Sin embargo, la medida llegaba muy tarde, cuando el fenómeno del niño se estaba acabando y, además, afectaba indiscutiblemente a sectores como el turístico, hotelero y comercial que tendrían, como es lógico, un pico de consumo de energía al llegar la temporada alta de mitad de año. Como si fuera poco, una vez más, los habitantes del caribe, terminábamos siendo los peor librados debido al régimen tarifario especial que aún aplica en los siete departamentos de la costa.
Una vez se conocieron las reglas de lo que sería el esquema de multas e incentivos, pedimos a la CREG que replanteara las medidas para no afectar aún más la frágil recuperación de diferentes sectores económicos del país. La resolución establecía un cobro adicional por cada kilovatio de más que se gastara, tras hacer un promedio de las últimas tres facturas. Para estratos 1, 2 y 3, el kilovatio/hora extra tendría un sobrecosto del 30%; para estratos 4, 5 y 6 el sobrecosto sería del 50%; y para comercio e industria, sería del100%.
Ahora bien, nuestra preocupación inicial fue la alta carga económica que tendrían que asumir la industria, el comercio, y los sectores de hotelería y turismo al avecinarse la temporada alta; ya que, por supuesto, incrementaría el consumo de energía. La segunda preocupación, y no menos importante, era el nuevo golpe a los ciudadanos de la costa caribe que llevan años luchando contra el deficiente servicio de energía y asumiendo las tarifas más altas del país. Resultaba inverosímil que se contemplara subirle a la factura de energía a una región que no aguanta un aumento más.
Por lo anterior, celebramos que esta semana la CREG y el Ministerio de Minas hayan decidido echarse para atrás y no aplicar este esquema; según explicaron, porque el nivel de los embalses está ya en niveles menos críticos y porque, precisamente, atendieron el llamado del caribe colombiano. Una gran noticia que debe ser destacada, ya que de haberse ejecutado hubiera representado un gran obstáculo para la reactivación económica industrial y un portazo para los habitantes de la costa.
No obstante, lo anterior no debe interpretarse como una señal para bajar la guardia. Si bien los embalses mejoraron su nivel nacional, este apenas llega al 32,91% a cierre de abril, por lo que todavía estamos muy lejos de alcanzar un estado de tranquilidad.
Reflexiones sobre la CREG
La salida en falso de la CREG nos deja algunas reflexiones de fondo. La primera es que, tal como lo hemos venido advirtiendo, la interinidad en la que funciona esta autoridad genera serios riesgos regulatorios para el mercado y los usuarios, entre ellos, la improvisación que estamos viendo. Además, la falta de continuidad y actualización en la gestión de la política regulatoria a través de los años impide que haya soluciones eficientes y duraderas.
