La violencia que ha marcado la historia de Colombia durante más de medio siglo sigue haciendo estragos en la vida de millones de personas, y entre las víctimas más vulnerables se encuentran nuestros niños y adolescentes. A pesar de los avances en los procesos de paz y la reconstrucción del tejido social, el reclutamiento forzado de menores por parte de grupos armados ilegales continúa siendo una realidad alarmante en nuestro país.
Según los últimos informes de la Defensoría del Pueblo y el ICBF, en 2024 se registraron 463 casos de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes, lo que refleja un aumento significativo con respecto a los 184 casos reportados en 2023. En estas estadísticas no solo se revelan los números, sino también la tragedia detrás de cada historia: menores de edad, la mayoría de ellos provenientes de comunidades indígenas y afrocolombianas, que son arrancados de sus hogares, de sus sueños, y obligados a participar en un conflicto que no eligieron. Esto no es un problema del pasado, es un drama presente que exige nuestra atención urgente y acción decidida.
Asimismo, según la información compartida por la JEP, un total de 10,065 menores han sido reconocidos como víctimas en el caso de reclutamiento forzado de menores en Colombia. De estas víctimas, un 54% fueron reclutadas por grupos armados, mientras que el resto son familiares de los niños y niñas que fueron directamente involucrados.
El promedio de edad de los menores reclutados es de tan solo 14 años, una edad en la que deberían estar soñando con su futuro y construyendo sus vidas, no siendo utilizados como instrumentos de guerra. Esta situación refleja la incapacidad del Estado para prevenir y erradicar esta práctica sistemática de los grupos armados ilegales, y evidencia un problema estructural mucho más profundo: la falta de acceso a oportunidades de educación, el abandono estatal en territorios rurales y la pobreza extrema que empuja a muchos menores a ser vulnerables al reclutamiento.
El reclutamiento de menores no es solo un crimen, es una violación flagrante de los derechos humanos. En Colombia, es un crimen de guerra, como lo ha afirmado la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la respuesta institucional sigue siendo insuficiente. A pesar de la existencia de políticas públicas y leyes orientadas a proteger a los menores, la implementación de estas ha sido débil y, en muchos casos, marcada por la corrupción que ha desviado recursos destinados a la atención de víctimas y prevención. Las cifras del ICBF y la Defensoría del Pueblo son alarmantes, pero también reflejan una realidad mucho más compleja que no se puede resolver solo con recursos: se trata de una cuestión de voluntad política y de la capacidad del Estado para llegar a los territorios más afectados por la violencia.
En tal sentido la pobreza, las necesidades básicas insatisfechas y la violencia en el hogar son factores que empujan a los niños y niñas a caer en las redes de los grupos armados ilegales. En muchos casos, las familias no tienen más opción que entregar a sus hijos e hijas a las fuerzas armadas ilegales por temor a represalias o por la desesperación de ver a sus hijos atrapados en un ciclo de violencia y sin futuro.
Las comunidades más afectadas por este fenómeno son, lamentablemente, las más vulnerables: las poblaciones indígenas y afrocolombianas. Según los últimos reportes, el 51% de los casos de reclutamiento involucran a menores de pueblos indígenas, lo que subraya una doble vulnerabilidad: la de pertenecer a una etnia históricamente marginada y la de vivir en territorios abandonados por el Estado.
El impacto de este fenómeno no solo se mide en términos de víctimas directas, sino también en las consecuencias sociales y psicológicas que deja en los menores reclutados. Muchos de estos niños y adolescentes, después de ser rescatados, sufren de graves problemas de salud mental, derivados de los abusos, las violencias sexuales y el estrés postraumático vivido durante su tiempo en los grupos armados.
