Alguien escucha una motocicleta acelerar cerca y, casi por reflejo, apresura el paso, guarda el teléfono o se gira con sospecha. No ha vivido ningún delito, pero siente el riesgo como si fuera inminente. Esa respuesta automática y emocional no se basa en un análisis racional del entorno, sino en una anticipación subjetiva del peligro. Es una reacción típica del paradigma del miedo, la evaluación de las amenazas más allá de su probabilidad o evidencia, se determinan por lo que evocan emocionalmente.
Ese paradigma ha penetrado con fuerza en la forma como evaluamos la seguridad en nuestras sociedades. En Colombia y en muchas partes del mundo, el miedo es una respuesta emocional legítima, y también un filtro que distorsiona la estimación real del riesgo. Como explica Daniel Kahneman, premio de Ciencias Económicas del Banco de Suecia en Memoria de Alfred Nobel en 2002, en su libro “Pensar rápido, pensar despacio”, cuando las personas juzgan bajo presión activan mecanismos mentales que priorizan la rapidez sobre la precisión. Así, peligros improbables pero impactantes adquieren mayor peso que amenazas frecuentes aunque menos dramáticas.
Así, cuando el miedo fija la escala del peligro se teme más al rostro desconocido en la calle que al sistema de salud precario, más a un robo viralizado que al colapso ambiental. Este desbalance cognitivo altera decisiones individuales y colectivas, como advierte Paul Slovic, psicólogo estadounidense, en “Perception of Risk”, “los riesgos que generan pavor son poco familiares y son impuestos de forma involuntaria tienden a ser vistos como mayores, mientras que los riesgos familiares o naturales tienden a ser subestimados”. En otras palabras, le tememos a lo más impactante antes que a lo más dañino, y en seguridad pública esa diferencia lo cambia todo.
La distorsión no se limita al ámbito personal también moldea las políticas públicas. En lugar de priorizar los riesgos con alto porcentaje de probabilidad y efectos nocivos, la mayoría de estrategias de seguridad responden al temor más visible. Se endurecen leyes tras casos excepcionales, se saturan territorios con Fuerza Pública después de incidentes que generan pánico, se invierte en dispositivos mediáticos —como cámaras o drones— sin articularse con otros componentes sociales. Mientras tanto, riesgos persistentes como la impunidad, la deserción escolar o la violencia intrafamiliar siguen sin recibir atención proporcional.