Bogotá produce diariamente cerca de 8.000 toneladas de basura. En teoría, la ciudad debería contar con un sistema eficiente de recolección, transporte y disposición final. Pero la realidad es otra: lo que tendría que ser un servicio público básico se ha convertido en un dolor de cabeza para millones de ciudadanos y en un factor que golpea la calidad de vida urbana.
La privatización del manejo de residuos no trajo eficiencia ni modernización, como se prometió, lo que dejó fue tarifas desbordadas, fallas constantes en la operación, una planeación institucional deficiente y sanciones millonarias contra las empresas concesionarias. El balance es claro: un modelo pensado no para servir a la ciudad, sino para enriquecer a unos pocos privados.
El esquema de Áreas de Servicio Exclusivo (ASE), vigente desde hace más de una década, contemplado en la caduca Ley 142 de 1994 y reglamentado por la Resolución CRA 943 de 2021, fue diseñado con la intención de organizar el servicio en zonas geográficas específicas, asignando a cada concesionario la operación exclusiva en un territorio delimitado. En teoría, las ASE respondían a tres principios básicos exigidos por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA): 1. Garantizar cobertura a los sectores más pobres sin disminuir la calidad del servicio; 2. Asegurar la viabilidad financiera; 3. Generar economías de escala que permitieran eficiencia operativa. Bajo estas condiciones, Bogotá dividió su territorio en cinco áreas, cada una bajo control de un operador privado.
No obstante, la realidad ha demostrado que esas promesas quedaron cortas. Entre 2020 y 2025, la interventoría a cargo del Consorcio Proyección Capital (contrato 396 de 2018), contratada por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), reportó 56.769 hallazgos en la operación de las ASE. Esto equivale a más de 22 fallas diarias durante cinco años. Un panorama que refleja incumplimientos generalizados y deficiencias estructurales.
Los reportes incluyen problemas tan básicos como la recolección incompleta de residuos, daños en los contenedores, mal estado de los vehículos recolectores, falta de lavado de cestas y hasta el uso inadecuado de equipos de protección personal por parte de los trabajadores. En términos prácticos, se trata de un servicio que falla en lo más elemental: recoger la basura de manera adecuada y segura.
A su vez, el impacto en la ciudadanía ha sido considerable. Según los registros, más de 2,2 millones de bogotanos recibieron descuentos en sus facturas debido a deficiencias en la prestación, con un costo total de $138 millones, aunque esta cifra representa una compensación, no deja de ser una muestra clara de que el servicio ha sido deficiente. Las localidades más golpeadas por este panorama incluyen a Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén, Fontibón y Chapinero, territorios donde los usuarios conviven con calles sucias, horarios de recolección incumplidos y quejas reiteradas. El contraste es aún más evidente si se observa que algunos operadores, como Promoambiental y Lime, concentran la mayor parte de los problemas reportados.
En total, las cinco ASE acumulan un valor penal pecuniario de más de $6.000 millones por incumplimientos al contrato, que incluyen fallas operativas y administrativas como la fuga de lixiviados, infracciones en las frecuencias de recolección, barrido y limpieza, aplicación incorrecta de descuentos tarifarios, lavado de puentes peatonales, errores en el sistema de seguimiento de rutas y problemas relacionados con los requisitos del parque automotor. Estas sanciones reflejan deficiencias significativas tanto en la operación técnica como en el control de los procesos por parte de los operadores, lo que pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento, la planeación de las rutas y el cumplimiento normativo para garantizar un servicio eficiente y ambientalmente responsable en la ciudad.
El golpe al bolsillo de los ciudadanos
Si los problemas operativos son evidentes, los económicos no se quedan atrás. Entre 2023 y 2024, las tarifas de barrido y limpieza en Bogotá aumentaron cerca de un 80%, tras la actualización, en dos oportunidades, del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) durante la Administración de Claudia López. El argumento fue la necesidad de incrementar las frecuencias de barrido de las vías, pero la medida se tradujo en triplicar la cantidad de kilómetros cobrados por los operadores, lo que en realidad trajo más pagos para los concesionarios sin que los ciudadanos percibieran una ciudad más limpia.
