Un titular de prensa de los últimos días tiene el aire de un ajuste de cuentas histórico: “Sarkozy irá a prisión tras su condena por asociación ilícita”. Francia contempla cómo un expresidente se enfrenta a la justicia ordinaria, despojado de inmunidad. Nicolas Sarkozy, que encarnó la modernidad impaciente de la derecha gaullista, se suma así a una galería de mandatarios franceses manchados por su relación turbia con dictadores africanos; en este caso, por la supuesta financiación de su campaña política en 2007 con dinero del régimen libio de Muamar el Gadafi.
No es un caso aislado. Valéry Giscard d’Estaing, conspicuo exponente de la grandeur francesa, soportó en los años setenta el escándalo de los diamantes regalados por Jean-Bédel Bokassa, un siniestro dictador centroafricano que se coronó emperador en una ceremonia delirante. Aquellas piedras preciosas se convirtieron en símbolo de la connivencia entre París y sus antiguas colonias. Y François Mitterrand, primer presidente socialista de la V República, tampoco rompió con estas prácticas: durante catorce años consolidó la “africanidad”, apoyando líderes totalitarios a cambio de contratos para empresas como Elf. Incluso su hijo, Jean-Christophe, fue investigado por tráfico de armas y negocios opacos, mostrando cómo los favores y lealtades personales se mezclaban con la política estatal.
La condena de Sarkozy resuena en esa misma tradición: la “africanidad” permitió durante décadas que la línea entre lo público y lo privado se desdibujara. Lo que antes era tolerable cinismo ahora se interpreta como una corrupción intolerable. Durante la Guerra Fría, se justificaba en nombre del realismo estratégico: contener la penetración soviética, garantizar suministros estratégicos, evitar el caos. Aquel pragmatismo, sin embargo, degeneró en un espacio opaco, donde la moral republicana quedaba en el aire.