La situación del Catatumbo hoy y desde hace varias décadas, demanda del Estado soluciones definitivas y estructurales. Con 52 mil desplazados, más de 30 mil personas confinadas y al menos 80 muertos en cuestión de 2 semanas, no es tiempo para tomar medidas que alivien temporalmente los problemas más graves y notorios; sin embargo, aunque no nos guste decirlo y nos cueste reconocerlo, esto no va a ocurrir ni en 90 días de conmoción interior, ni en 6 o 9 meses si se extendiera. Las soluciones requeridas son transversales, necesitamos decisión, inversión y persistencia del Gobierno Nacional en apoyo de los municipios y departamentos del país.
Lo que hemos presenciado estos últimos días, con impotencia y dolor de patria, es que la gente tiene miedo, algunos han vivido por tanto tiempo lo mismo que han normalizado la angustia en su diario trasegar, muchos no saben si regresar es una opción que no implique perder la vida y, los gobiernos locales, en pie de lucha por su pueblo, no quieren un bálsamo pasajero para el dolor que trae consigo la barbarie de los grupos armados ilegales, porque ya conocen lo que ha pasado y lo que se ha dejado de hacer en este y en otros gobiernos.
Para nadie es un secreto que estos grupos ilegales se han apoderado del territorio hasta convertirlo en un bastión para sus actividades ilícitas, desde el narcotráfico hasta la extorsión y la minería ilegal, aprovechando las ventajas estratégicas que les representa la región en términos geográficos, su condición como zona fronteriza con Venezuela, donde nuestra fuerza pública carece de jurisdicción para darles captura, entre otros múltiples factores históricos y sociales.
El mismo Gobierno Nacional lo sabe y lo tiene claro desde su llegada al poder, de hecho, así lo confirma en el decreto 062 de 2025 que declara el estado de conmoción interior, donde reconoce que “la crisis en el Catatumbo refleja problemas estructurales”, aceptando que sus causas vienen desde el 2021 y se atribuyen principalmente a la economía ilegal de la coca.
Lo anterior se suma, al fortalecimiento en la influencia, control territorial, capacidades ofensivas y aumento de tropas que ha tenido el ELN durante los últimos dos años de negociaciones que, de acuerdo con estimaciones de inteligencia militar, superaría las 6.300 unidades guerrilleras.
De esta manera, aunque insistimos en la obligación del Estado de imponer el orden y tomar todas las acciones urgentes y necesarias para garantizar la tranquilidad y los derechos fundamentales de los ciudadanos, la realidad de los hechos desvirtúa los argumentos que ha expuesto el Ejecutivo como si se tratara de una situación novedosa e imprevisible. Todo lo contrario, ya existían las alertas realizadas desde el segundo semestre de 2024 por parte de la Defensoría del Pueblo, que advertía la potencial escalada del conflicto ante el rompimiento de la entonces frágil relación de tregua entre el ELN y las disidencias de las FARC. Alerta que también había hecho desde noviembre, de ese año, el Comité Negociador del Gobierno.
