Las ciudades han sido tradicionalmente diseñadas bajo el paradigma de la seguridad: más vigilancia, más policía, más control sobre los espacios urbanos. Sin embargo, la realidad demuestra que la convivencia tiene un impacto más profundo en la estabilidad de una sociedad que la sola presencia de fuerzas de seguridad. Los datos recientes de localidades como Teusaquillo y Chapinero Central en Bogotá confirman una tendencia preocupante: los problemas que alteran la convivencia están creciendo más rápido que los delitos tradicionales de seguridad.
En 2023, la violencia intrafamiliar en Teusaquillo registró 2.159 casos, pero en 2024 la cifra casi se duplicó, alcanzando los 4.601 casos. En Chapinero Central, los reportes de violencia intrafamiliar aumentaron de 279 en 2023 a 352 en 2024. Este tipo de comportamientos, si bien no encajan en la narrativa clásica del crimen urbano, reflejan un problema estructural que la seguridad pública, tal como se entiende hoy, no está resolviendo. La pregunta es clara: ¿debe el Estado seguir apostando por la seguridad reactiva, o es hora de priorizar la construcción de convivencia como una estrategia más efectiva?
La teoría tradicional de seguridad ha operado bajo la premisa de que reducir delitos es suficiente para garantizar orden social. Sin embargo, el aumento de los conflictos intrafamiliares y los comportamientos contrarios a la convivencia sugiere que la violencia tiene dimensiones que van más allá de lo penal. No es casualidad que, en muchas ciudades con altos niveles de inversión en seguridad, los delitos violentos hayan bajado mientras aumentan las disputas vecinales, la violencia en el hogar y las tensiones cotidianas entre ciudadanos.
El sociólogo Zygmunt Bauman hablaba de la “seguridad liquida” o "vigilancia líquida", un concepto que define el miedo contemporáneo como un sentimiento de inestabilidad constante. Las ciudades modernas han reforzado la vigilancia sin preguntarse si el verdadero problema radica en el tejido social que sostiene la convivencia diaria. Si bien reducir robos y homicidios es crucial, no basta si la población sigue sintiéndose insegura dentro de sus propios hogares o espacios de interacción cotidiana.
La evidencia empírica sugiere que la seguridad sostenible no se logra solo con presencia policial, sino con políticas activas de prevención y construcción de comunidad. Ciudades como Medellín y Montevideo han apostado por modelos donde la recuperación de espacios públicos, la participación ciudadana y la inversión en programas de mediación social han dado mejores resultados que el simple endurecimiento de la ley.
En Medellín, la transformación de la Comuna 13 es un ejemplo destacado. A través de inversiones en programas sociales y educativos, junto con mejoras en infraestructura, esta comunidad pasó de ser una de las más violentas a un referente de resiliencia. La implementación de sistemas de transporte como el Metrocable y la construcción de espacios culturales han sido fundamentales en este proceso.