Colombia en 2025: entre la violencia y la urgencia de proteger la dignidad humana

Colombia atraviesa uno de los momentos más críticos en materia de derechos humanos en la última década. El reciente informe del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) titulado “Retos Humanitarios 2025 Colombia”, revela una realidad que no podemos seguir ignorando: este año podría representar el punto más crítico en materia humanitaria que haya enfrentado Colombia en más de una década.

La intensificación de los conflictos armados, la fragmentación de los grupos ilegales y el recrudecimiento de las hostilidades han dejado a la población civil en una situación de extrema vulnerabilidad. Las cifras de personas víctimas de artefactos explosivos, confinadas, desplazadas y desaparecidas en 2024 y 2025 son alarmantes. Pero más allá de los números, lo que duele es el rostro humano detrás de cada estadística: niños reclutados, mujeres víctimas de violencia sexual, comunidades enteras atrapadas entre el fuego cruzado y la indiferencia institucional.

El derecho internacional humanitario (DIH), que debería ser el faro en medio del caos, está siendo sistemáticamente ignorado. La estigmatización de civiles, el uso de bienes como escuelas para fines militares, y la restricción al acceso de ayuda humanitaria son violaciones flagrantes que deben cesar. No hay excusas: el respeto al DIH no puede estar condicionado a negociaciones de paz ni a intereses políticos. Es una obligación moral y legal que debe cumplirse en todo momento.

Los desafíos que enfrenta Colombia son múltiples. Por un lado, está la necesidad urgente de que los actores armados, estatales y no estatales, respeten los principios de distinción, proporcionalidad y precaución. Por otro lado, el Estado debe asumir su responsabilidad de garantizar rutas efectivas de atención, protección y reparación para las víctimas. Esto implica asignar recursos adecuados, fortalecer el Sistema Nacional de Búsqueda y garantizar condiciones dignas en los centros de detención.

Es imperativo visibilizar las formas más silenciadas de violencia, como la sexual. El subregistro de casos y la normalización de prácticas aberrantes como el “sexo por supervivencia” o la esclavitud sexual deben ser enfrentados con políticas públicas integrales, sensibles al género y con enfoque territorial.

Como sociedad, no podemos permitir que la indiferencia se convierta en costumbre. Cada violación a los derechos humanos es una herida abierta en el alma de Colombia. Es momento de que todos —gobierno, instituciones, sociedad civil y comunidad internacional— asumamos el compromiso de proteger la vida, la dignidad y la esperanza de quienes más sufren.

El futuro de Colombia no puede construirse sobre el dolor de sus víctimas. Debe levantarse sobre la justicia, la verdad y la garantía de no repetición. Porque solo así podremos reconciliarnos con nuestra historia y avanzar hacia una paz verdadera.

Para lograrlo, es imprescindible que el Estado colombiano impulse una agenda integral de justicia transicional y reparación, donde la participación de las víctimas no sea un simple trámite, sino el eje central de toda política pública. Es urgente la creación de mecanismos independientes de monitoreo y seguimiento, así como la articulación eficaz entre las autoridades nacionales, la cooperación internacional y las organizaciones civiles. Solo a través del fortalecimiento institucional, la asignación transparente de recursos y la promoción de espacios de diálogo incluyentes podremos cerrar las brechas que perpetúan la violencia.

Es fundamental promover procesos educativos que fomenten la empatía, el reconocimiento de la pluralidad y la resiliencia social. La dignidad y la vida deben ser valores incuestionables en la construcción de tejido social. Proteger a quienes han sido víctimas no es solo reparar el pasado, sino también sembrar esperanza para el futuro.

Que el dolor no sea el punto de partida, sino el motor para transformar la realidad de Colombia. Que la memoria colectiva inspire acciones concretas de paz, donde la seguridad, la justicia y la dignidad sean derechos efectivos para todas las personas y donde lo justo no sea un privilegio. Solo así, y con el compromiso decidido de toda la sociedad, será posible edificar un país reconciliado, justo y verdaderamente humano.