La democracia colombiana ha sido nuevamente alcanzada, no solo por las balas cobardes, sino por la persistente degradación del lenguaje político que antecede la violencia homicida. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, revela la profunda degradación de la política y la seguridad: el país no se puede acostumbrar al caos y a la violación impune de lo más sagrado, la vida. El debate de las ideas, está siendo reemplazado por una hostilidad sin límites, por la narrativa de odio y por las amenazas a la institucionalidad.
No es casual que la violencia aparezca cuando la palabra se degrada. Cuando desde las alturas del poder se eleva el tono, cuando se estigmatiza, descalifica y acusa, sin pruebas ni pudor ético, se abre una grieta por donde se cuelan los fanatismos. Y cuando esa palabra se torna en odio, la violencia empieza a parecer inevitable. Es la misma palabra que despertó el odio de clases bajo el solapado y el mal llamado “estallido social”, que no fue otra cosa que una estrategia electoral, basada en una narrativa de lucha de clases para incendiar el país, bloquear las ciudades, destruir instalaciones públicas y hasta quemar policías en los CAI. A esto nos llevaron, eso lograron y ahora no saben cómo detener el caos que produjeron.
El senador Miguel Uribe, quien venía denunciando abiertamente las arbitrariedades jurídicos contra la institucionalidad, advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de una consulta popular impuesta pisoteando al Congreso y las Cortes, fue atacado en medio de una actividad de campaña, mientras hablaba con la gente. No es solo una vida la que estuvo en juego, es la posibilidad misma de la crítica y el disentir, es un atentado contra la libertad, contra la opinión.
Este atentado refleja el profundo deterioro de la democracia, por la normalización de la violencia de palabra, de la descalificación personal y la destrucción calumniosa de quien piensa diferente. No es un hecho de inseguridad, es un acto de violencia política. No existe antecedente reciente de ataque a un candidato desde 2002. El último, cuando las FARC atacó a la caravana del entonces candidato Álvaro Uribe en Barranquilla, dejando tres muertos, en el momento más álgido del conflicto armado interno. Volvimos 20 años atrás en seguridad. Muy grave.
Lo más grave es que la campaña apenas comienza y no serán suficientes las medidas y los comités extraordinarios para reforzar la seguridad de candidatos, si no hay un verdadero liderazgo y gobierno de la seguridad. Si el Presidente como máximo comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, está en campaña y preocupado por promover paros y sacar “decretazos” saltándose los poderes legislativo y judicial, si se desfinanció la seguridad progresivamente, si descapitalizó sus oficiales y mandos con mayor experiencia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, si se les persigue jurídicamente, si se les debilitó presupuestal y moralmente.
