La Asamblea General de Naciones Unidas era el escenario más solemne y preciso para que el presidente Gustavo Petro demostrara que entiende lo que significa la democracia. Allí tenía la oportunidad de enviar un mensaje claro: que Colombia no permitirá que los narcoterroristas vuelvan a silenciar la política, como lo hicieron en las décadas más oscuras de nuestra historia.
Pero Petro guardó silencio. Y en política, el silencio nunca es neutro: siempre es un mensaje. En contraste, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, tuvo la dignidad de nombrar a Miguel Uribe y condenar su asesinato. Que un jefe de Estado extranjero reconociera la gravedad de este crimen mientras el mandatario colombiano lo omitía, dice mucho más que cualquier discurso.
Porque no fue un homicidio común: el asesinato de Miguel Uribe fue un crimen político, un acto para silenciar a quien pensaba distinto y eliminar a un adversario. Miguel era un joven promisorio, estudioso, honesto, con toda una carrera política por delante. Representaba a una nueva generación que quería servirle a Colombia desde la transparencia y la decencia.
Y así como Pablo Escobar mandó a asesinar a su madre, también a él lo mataron los narcoterroristas. Los mismos que hoy han vuelto a ganar territorio bajo un gobierno que repite los errores de aquellas épocas oscuras, cediendo espacios y poder como si la lección no estuviera escrita con sangre.
Cuando matan a un candidato presidencial, la democracia recibe una herida profunda. Se quiebra la confianza ciudadana, se siembra miedo entre quienes quieren participar en política, se transmite el mensaje de que disentir o aspirar puede costar la vida. Un magnicidio no es un hecho aislado: es una agresión directa contra el Estado social de derecho y contra la legitimidad del voto.
La herida se agranda cuando, además, se ignora en la tribuna internacional. En vez de liderar un llamado contra los violentos, Petro eligió callar. Y peor aún: en su discurso, minimizó al Tren de Aragua reduciéndolo a “delincuentes comunes”, y prefirió culpar a Estados Unidos y al bloqueo económico de la tragedia venezolana. En lugar de responsabilizar al régimen de Nicolás Maduro por haber destruido la democracia y permitido que estas estructuras criminales crecieran desde su territorio, el presidente colombiano trasladó toda la culpa a Washington. Así, no solo guardó silencio frente a nuestros muertos, sino que además ofreció un guiño tácito a una dictadura que ha expulsado a millones de personas y convertido a Venezuela en un Estado fallido.
