Bogotá no camina segura: el fracaso de la política de seguridad de Carlos Fernando Galán

Carlos Fernando Galán hizo campaña y triunfó en las elecciones locales cabalgando sobre la preocupación ciudadana alrededor de la seguridad, así, “Bogotá camina segura” fue su slogan de campaña y el eje central de su Programa de Gobierno y de su Plan de Desarrollo, sin embargo, hoy evidenciamos no solo que el acalde no ha cumplido lo que prometía, sino que la ejecución de lo que propone ha sido pobre, con estrategias desarticuladas y de corta duración y desechando apuestas que, realmente, podrían fortalecer el abordaje distrital del problema de la inseguridad. 

Un abordaje equivocado frente al crimen organizado

Las ciudades son concentraciones geográficas y sociales de la producción de capital, en consecuencia, también se concentra en ellas una de las dinámicas inherentes al capitalismo: los negocios ilegales. Por lo tanto, toda ciudad de alguna envergadura se enfrenta al crimen organizado y las administraciones urbanas deben elaborar estrategias para abordar este fenómeno. 

El problema es que, en Bogotá, la Administración Galán ha insistido en un negacionismo esporádico y conveniente frente a las dimensiones nacionales y transnacionales del crimen, es decir, cuando se trata de evadir la responsabilidad y trasladársela al Gobierno nacional. ahí sí “Bogotá no es una isla”, pero cuando se trata de presentar resultados solo desfilan bandas locales sin mencionar sus lazos con lógicas criminales que trascienden los límites de la ciudad. Esa actitud errática tiene como consecuencia una situación crítica en 2 delitos que demuestran el verdadero dominio de las organizaciones criminales en la ciudad: la extorsión y el sicariato. 

Veamos el primero: son múltiples los reportes de prensa de zonas en la ciudad en las que sus habitantes están cansados, no solo de ser extorsionados por los delincuentes, sino que cuando se denuncia o se rehúsa al pago, la violencia ejercida por los mismos no puede ser contenida por las autoridades; la principal modalidad en la que esto sucede es el ataque a locales comerciales por medio de explosivos, usualmente granadas. Para 2023 se denunciaron 1.524 casos de extorsión (lo cual era el promedio de los años anteriores), pero para 2024 esta cifra ascendió a 2.497. Aunque, según la Administración, esto obedece a que ahora la gente tiene más confianza para denunciar, es poco probable que el reporte se haya disparado en 1.000 casos solo porque la gente ahora denuncia más, por el contrario, lo que esto demuestra es que el fenómeno está en auge. 

Ahora bien, en cuanto a homicidios, esta Administración tiene el deshonroso récord de haber reversado una tendencia de más de una década de descenso: los homicidios pasaron de 13,6 por cada 100.000 habitantes en 2023 a 15,1 por cada 100.000 habitantes en 2024; eso hace que sea casi imposible que el Gobierno distrital llegue a la meta que se planteó en el Plan de Desarrollo, es decir, a 8 por cada 100.000 habitantes, porque tendría que reducir el fenómeno, ahora, a la mitad de lo que se está presentando, pero eso no es lo más preocupante, de los 1.204 homicidios del 2024, 607 (el 50%) son homicidios selectivos por encargo, lo que comúnmente se llama sicariato. Es decir, la principal forma de violencia homicida en la ciudad es una expresión típica de la disputa violenta entre distintas bandas del crimen organizado, lo cual demuestra su auge y dominio sobre la ciudad. La explicación de la Secretaría de Seguridad es que, como han impactado a varias bandas locales, esto genera vacíos de poder que son llenados por nuevos criminales en el marco de disputas violentas, y justamente aquí es donde se evidencia la falta de diagnóstico y de una estrategia acertada para enfrentar el crimen organizado en Bogotá.

Esta Administración se ha negado constantemente a entregar su inventario criminal, es decir, la sistematización de los grupos que operan en la ciudad y el alcance de estos, aduciendo motivos de seguridad y de estrategia para que esa información sea clasificada. Sin embargo, las evidencias de lo que está sucediendo están frente a nuestros ojos y lo que muestran es que la Alcaldía de Galán se dedica a la persecución de bandas locales sin que haya una estrategia de articulación con el Gobierno nacional para enfrentar su dinámica nacional y transnacional.

Hace poco, la Fundación Paz y Reconciliación emitió un informe denominado Mapa del delito: la urbanización del conflicto en Colombia, en el que se expone, sin el absurdo secretismo de la Administración distrital, la dinámica criminal en la capital. Así, se evidencia que hay una disputa entre dos bandas transnacionales por el control de las rentas criminales de la ciudad (la mayoría de estas rentas orbitan alrededor del negocio del microtráfico), esas bandas son el Tren de Aragua, por un lado, y el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia, por el otro. 

Lo que pasa es que estas organizaciones no operan directamente en Bogotá, manejan dinámicas similares las del mundo empresarial legal por lo menos en dos modalidades: por un lado, hay un fenómeno de outsourcing, mediante el que se tercerizan negocios que no son el corazón de la organización criminal (los narcotraficantes tercerizan el fleteo, la extorsión o el hurto contratando a bandas locales a cambio de la seguridad para el flujo de las sustancias ilícitas); por otro lado, hay un fenómeno de franquicias, en las que organizaciones -como el Tren de Aragua- permiten que otros usen su nombre, siempre y cuando garanticen su negocio y se comporten como ellos. Dicho sea de paso, es importante, a efectos de entender el crimen organizado, que se le estudie como a cualquier otra empresa capitalista, con la única diferencia de que su negocio es ilegal, si no se hace esto y se parte de la tesis de la maldad de quienes están detrás de los crímenes, no hay forma en que se le pueda enfrentar.

Entonces, estas grandes empresas matrices del crimen son las que tienen nexos con bandas locales de renombre como Satanás, los Camilos, los Boyacos o los Paisas, y estas se atacan las unas a las otras dependiendo de con quién estén aliadas. Es a estas bandas de renombre local a las que esta Administración ha impactado mediante capturas, infiltraciones en sus negocios y desarticulación de sus estructuras, pero como no se quiere abordar el problema de que operan con lógicas que trascienden los límites de la ciudad, no se puede anticipar el reordenamiento criminal que se genera. 

Y no se quiere abordar esta dimensión porque Galán prefiere confrontar al Gobierno nacional y salir a echarle la culpa para ganar rédito mediático y político de cara a la disputa electoral del 2026. Le es más rentable políticamente a esta Administración permitir esas lógicas del crimen que coordinar con el Gobierno nacional para enfrentarlas. Ese es el problema fundamental que tiene Bogotá: tiene un alcalde al que sus aspiraciones presidenciales le pueden más que su interés por la seguridad de la gente. 

Estrategias “de mecha corta”

Aunado a lo anterior y como expresión del mismo fenómeno en el que a la Administración le importa más lo mediático que lo estratégico, se presenta un comportamiento en el que a cada noticia de impacto en los medios de comunicación le responde con una nueva estrategia de seguridad, sin embargo, ninguna de estas estrategias ha tenido una vocación de permanencia, porque su objetivo no es la mejora en las garantías ciudadanas o mayor efectividad en el combate a los criminales sino apagar el incendio mediático del momento.

Aunque este Gobierno solo lleva un poco más de un año, ya ha lanzado 9 estrategias de seguridad distintas, ninguna de las cuales presenta resultados de largo plazo más allá de algunas capturas iniciales:

1. El 30 de enero del año pasado se lanzó la estrategia “bici cuadrantes” con el objetivo de brindar protección a los ciclistas de la ciudad. 
2. El 16 de febrero se lanzó una estrategia de patrullaje lineal para contrarrestar los delitos de alto impacto que ocupaban los titulares de la época.
3. El 29 de mayo se lanzó el denominado “plan Troya” contra la extorsión. 
4. El 2 de octubre lanzaron en Kennedy el plan “desarme” para impactar el mercado ilícito de armas y como estrategia frente al fenómeno de la extorsión. 
5. El 15 de octubre se lanzó el plan acordeón como estrategia para garantizar la seguridad en Transmilenio.
6. El 20 de noviembre se puso en marcha una estrategia para recuperar la seguridad y el orden en el centro de Bogotá, después de un homicidio en el sector de San Victorino.
7. El 29 de noviembre se relanzó una estrategia contra los delitos de alto impacto, esta vez denominada estrategia 5/4. 
8. Todo lo anterior sin contar con las mediáticas “mega tomas” en las que se juntan varias decenas -a veces centenares- de funcionarios para hacer rondas de patrullaje sobre un sector de la ciudad logrando algunas capturas y decomisos.

Aunque hemos insistido en que la Administración presente los resultados de cada una de estas estrategias, siempre hay un análisis cualitativo de las mismas, nunca resultados cuantitativos. Esto obedece a que ninguna ha sido sostenida en el tiempo ni respeta una planificación estratégica, más bien, se debe a un ejercicio de “tetris” mediático en el que hay que acomodarse a las circunstancias que se vayan presentando. 

La ciudadanía sin herramientas

Por último, queremos insistir en una crítica que ya hemos elaborado, pues esta Administración le dio continuidad a un programa que venía del Gobierno pasado y que, en nuestra consideración, puede tener efectos positivos, si se actúa con el criterio de ensanchar y fortalecer el Estado, en vez de hacer lo contrario: el programa Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE).

Dicho programa fue concebido como una estrategia para mejorar el acceso a la justicia en Bogotá, brindando acompañamiento a las víctimas en la formulación de denuncias. Lo anterior en la medida en que una de las circunstancias que más genera sensación de impunidad es que, aun cuando la gente hace las denuncias, lo cual muchas veces es un escenario tortuoso de trabas burocráticas, nada pasa con ellas y los delincuentes siguen campantes o vuelven a las calles al poco tiempo de ser capturados. Esto normalmente pasa porque, ante el abrumador número de procesos penales los fiscales no se esfuerzan por la consecución de pruebas en delitos menores, de manera que, si el ciudadano que denuncia no las aporta, el caso se archiva

El problema es que el programa solo se plantea llegar hasta donde la ciudadanía también llega, es decir, hasta la generación de un número de radicado ante la Fiscalía, desechando la posibilidad, por un lado, de acompañar íntegramente al ciudadano que quiere denunciar, impulsando el proceso a nombre de la Administración distrital y, por el otro, aprovechando el hecho de que a la Alcaldía le queda mucho más fácil conseguir las pruebas que a un ciudadano de a pie, bien sea obteniendo videos de seguridad del C4 o bien, gestionándolos ante las entidades privadas que los tengan. Esto sería la articulación con la Fiscalía que el alcalde prometió en su Programa de Gobierno y que se rehusó a cumplir cuando formuló su Plan de Desarrollo (se demoró poco en traicionar su palabra). 

Un programa realmente útil requeriría, por supuesto, un robustecimiento del Estado, es decir, una planta de funcionarios que esté atendiendo 24/7 las denuncias y solicitudes que hagan las víctimas de los crímenes en Bogotá, sin embargo, a pesar de las promesas del alcalde, lo que tenemos es un grupo de contratistas que atienden telefónica o presencialmente en horario de oficina a quienes lo soliciten -como si los criminales solo operaran en horario de oficina- llegando, como ya se anunció, hasta la generación de un radicado. 

En conclusión, el fracaso de la política de seguridad de Carlos Fernando Galán no es solo una cuestión de cifras alarmantes o estrategias ineficaces, sino una muestra clara de un modelo de gestión basado en la improvisación y el cálculo político. La inseguridad en Bogotá no se combate con anuncios espectaculares ni con respuestas reactivas a la presión mediática, sino con una estrategia integral que reconozca las dimensiones reales del crimen organizado y fortalezca las instituciones encargadas de hacerle frente. Mientras la Administración siga priorizando su rentabilidad política sobre la seguridad de la ciudadanía, los bogotanos seguirán pagando el precio de una ciudad que, lejos de caminar segura, se hunde en la incertidumbre y el miedo.