En Bogotá, cada 24 horas se registra un caso de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes (NNA). Esta cifra, reportada recientemente por el Concejo de Bogotá, no solo es alarmante, sino que refleja una tragedia silenciosa que se repite día tras día en los rincones de la capital y del país. Cuando se dice que “un caso diario” ocurre en una ciudad que pretende ser moderna, abierta y garante de derechos, lo que realmente se está señalando es un fracaso colectivo: de las instituciones, de la política pública y de la sociedad que ha permitido que la niñez siga siendo vulnerada en su derecho más elemental, el de crecer sin violencia ni explotación.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha fortalecido en 2025 acciones de prevención contra la explotación sexual comercial de NNA, con campañas, atención psicosocial y mecanismos de denuncia. Sin embargo, la persistencia del fenómeno muestra que no basta con reaccionar: se requiere un enfoque integral que articule justicia, educación, salud, cultura y, sobre todo, voluntad política. Las estadísticas no pueden convertirse en números fríos que se mencionan cada septiembre, en el Día contra la Explotación Sexual, sino en un llamado urgente a replantear estrategias y a actuar con contundencia.
El problema, además, es estructural. Según datos de UNICEF y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), América Latina concentra un alto porcentaje de casos de explotación sexual infantil en línea y presencial. Colombia, por su ubicación geográfica, el turismo sexual y la migración, se ha convertido en un escenario crítico. El turismo depredador y la trata de personas con fines de explotación sexual siguen siendo variables de peso que afectan, en particular, a niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
En el caso de Bogotá, la situación es aún más preocupante porque la capital concentra dinámicas urbanas de exclusión, pobreza, migración forzada y ausencia de redes comunitarias de protección. Las localidades de mayor vulnerabilidad muestran un patrón reiterado: allí donde hay falta de oportunidades educativas y laborales, crecen los riesgos de captación por redes criminales dedicadas a la explotación sexual.
Por ello, en el año 2020 presenté un Proyecto de Acuerdo en el Concejo de Bogotá sobre la prevención y atención integral de la explotación sexual comercial de NNA, el cual no solo fue oportuno, sino necesario. Desde su concepción, esta iniciativa buscaba sentar bases normativas claras para que la ciudad fortaleciera su respuesta institucional y reconociera la gravedad del fenómeno como una prioridad de política pública. La idea no era un simple ejercicio declarativo, sino un instrumento concreto para articular esfuerzos entre Secretaría de Educación, Secretaría de Salud, ICBF, Fiscalía y organizaciones sociales.
En la exposición de motivos del proyecto se resaltaba una verdad incómoda: mientras los casos crecen, las instituciones responden de manera fragmentada. No hay un sistema articulado que permita identificar riesgos, prevenir a tiempo y acompañar con efectividad a las víctimas. Por eso, el acuerdo proponía la creación de un observatorio distrital, la implementación de protocolos obligatorios en colegios, la articulación de rutas de atención y campañas masivas de sensibilización.
Lo más valioso de esa iniciativa es que entendía que la prevención no puede limitarse a un cartel en el colegio o a una charla ocasional. La prevención implica transformar narrativas, desmontar estigmas y construir entornos protectores. El proyecto también proponía la capacitación a docentes y directivos escolares para detectar señales tempranas de explotación, así como el fortalecimiento de la articulación con la justicia, para que los casos no quedaran en la impunidad.
