¿Bogotá camina segura?

En el primer año de Gobierno de Galán (2024), según lo reportado por El Observatorio de Derechos Humanos y Conflictividades de Indepaz, se presentaron en Bogotá 6 asesinatos de líderes y lideresas sociales, así como una masacre con un saldo de tres personas muertas. Bogotá cerró el 2024 con cifras alarmantes en materia de seguridad, consolidándose como el periodo más violento desde 2016: según lo revelado por el programa Bogotá Cómo Vamos 1.204 personas murieron en hechos de violencia, lo que representa un incremento de más de 110 personas asesinadas en comparación con el 2023. Mientras el Alcalde Galán goza de una buena alianza mediática que resalta sus “virtudes”, la situación de inseguridad tiende a empeorar: según señala la prensa, hasta el 15 de febrero de 2025 se cuentan 133 casos de homicidios, 16 más que los registrados hasta el mismo periodo del año anterior. Ciudad Bolívar, Suba y Kennedy son las localidades más golpeadas por este delito; las dos primeras reportan incrementos exponenciales de los homicidios, llegando al 130% y 400% respectivamente. 

Estas lamentables cifras muestran un panorama de incertidumbre para la ciudad que deja en entredicho la promesa del slogan de esta administración, pues hasta ahora Bogotá no camina segura. Las cifras negativas no solo se concentran en homicidios, el último boletín Mensual de Indicadores de Seguridad, Convivencia y Justicia, correspondiente al mes de enero de 2025, nos indica que la violencia intrafamiliar aumentó un 47.5%, pasando de 2,085 casos en enero de 2024 a 3,076 en enero de 2025; la extorsión subió un 15.1%, pasando de 126 casos a 145, y las lesiones personales aumentaron el 8.2%, pasando de 1,156 casos en enero de 2024 a 1,251 en enero de 2025. En materia de convivencia se registra un aumento del 23.8% de las riñas; 53.05% por ruido, y 34.82% por incidentes de disparos. Si bien los hurtos se han reducido en promedio un 30% y los delitos sexuales un 30.1% en el mes de enero, se siguen presentando incrementos de estos delitos en lugares sin localización, presuntamente en el transporte público donde el 58.3% de los y las ciudadanas se sienten insatisfechas por los robos y el acoso (Encuesta de Percepción Ciudadana -Bogotá Cómo Vamos, 2024).

Bogotá cuenta con varios diagnósticos que caracterizan las causas, consecuencias y repertorios de la criminalidad en su territorio. Por ejemplo, la alerta temprana 004 de la Defensoría del Pueblo ubicó las amenazas a la vida, integridad, libertad y seguridad en 22 UPZ ubicadas en 9 localidades de la ciudad como consecuencia de la guerra por el control territorial y las rentas criminales por parte de Grupos Armados Organizados, Grupos Delincuenciales Organizados y Organizaciones de Crimen Transnacional. En este sentido, también encontramos en el informe que presentó la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) a finales de 2024, titulado “mapa del delito: la urbanización del conflicto en Colombia”, un especializado análisis que da cuenta que en la ciudad de Bogotá operan “al menos 85 organizaciones; de las cuales, 3 corresponden a Grupos Armados Organizados (GAO) como el ELN, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo; 3 a Grupos Delincuenciales Organizados (GDO) como La Oficina de San Andresito, el Tren de Aragua y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico; y 79 a Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), dedicados principalmente al microtráfico, al hurto y a la extorsión” (Pp.16). 

En la dinámica evolutiva del ecosistema criminal bogotano se presentan, cada vez de manera más reiterada, casos como el ocurrido a finales del mes de febrero en la localidad de Santa Fe, donde en menos de una semana se perpetraron dos atentados con explosivos en el barrio San Bernardo. Todo parece indicar que se trata de acciones de confrontación entre estructuras criminales que se disputan el control de este “santuario criminal”, sobre todo con el fin de obtener el dominio de las rentas criminales del narcomenudeo de esta zona de la ciudad. No basta pues con capturas de supuestos cabecillas, o medidas de control como limitar la movilidad de las y los ciudadanos; tampoco parece suficiente incrementar el pie de fuerza en la ciudad y, últimamente, alentar sin ningún control frentes de seguridad ciudadanos, que terminan extralimitando sus funciones, está fertilizando el panorama de inseguridad en Bogotá; más cuando grupos de extrema derecha están ganando espacio allí para incentivar acciones violentas, de odio y contra los derechos humanos.   

Una estrategia integral de seguridad para Bogotá debe partir de un entendimiento holístico del repertorio criminal, de los niveles en que este se articula y de las acciones de coordinación interinstitucional que desde todos los niveles político-administrativos (local, distrital, departamental, regional y nacional) se requieren para confrontarlo. Esto en el marco de la seguridad humana como nueva concepción de la seguridad nacional que implica, entre otras comprender las causas estructurales que dan origen y/o propician el delito, sin que esto implique detener las acciones inmediatas por parte de las autoridades para dar con los responsables, imponer sanción penal y disuadir a las personas de cometer delitos o servir en estructuras criminales. 

Algunas de estas propuestas se encuentran en la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana “Garantías para la Vida y la Paz. 2022-2026”, y otras surgen de las necesidades evidentes de la ciudad para enfrentar este tema:

1. Generar las condiciones necesarias para garantizar los derechos y las libertades ciudadanas, con base en la reconstrucción o el fortalecimiento de la confianza hacia la institucionalidad, la generación de capacidades territoriales y la amplia participación de la ciudadanía. Esto implica que las respuestas ciudadanas, como lo son los frentes de seguridad, puedan interactuar especialmente para garantizar la convivencia en su territorio y tener canales más expeditos con las autoridades para enfrentar los delitos.  
2. Mitigar los riesgos sociales y las problemáticas que facilitan el surgimiento o la llegada de actores que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana traduciéndose en focos generadores de crimen. Para esto es fundamental articular la política social con el objetivo de romper los escenarios que propician el crimen, así como debe focalizarse en los grupos más vulnerables de ser cooptados por estructuras criminales.
3. Es fundamental garantizar el fortalecimiento del Centro de Información Estratégica para el Servicio de Policía Nacional (Cieps) a nivel distrital y local. 
4. Bogotá puede ser el laboratorio para poner a marcha el desarrollo tecnológico en la planeación del servicio de la Policía Nacional, mediante el fortalecimiento y la implementación de nuevas tecnologías (Big Data – Inteligencia Artificial) que contribuyan a la analítica de grandes volúmenes de datos y a la generación de conocimiento e información para la toma de decisiones a nivel estratégico, táctico y operacional.
5. Es urgente implementar para Bogotá una estrategia de investigación judicial diferencial que permita caracterizar y comprender las mayores afectaciones de seguridad a la ciudadanía, en la cual se establezcan los territorios que concentran las afectaciones y generar acciones diferenciales teniendo en cuenta los contextos locales.
6. En el marco de la coordinación armónica de las ramas del poder público, en Bogotá se debe lograr una mejor alineación de reglamentos, normas y capacidades institucionales de la Fiscalía General de la Nación, el Poder Judicial, la Policía Judicial y demás instancias comprometidas en una política criminal armónica y eficaz en contra de los delitos de mayor afectación ciudadana. La impunidad alienta la justicia por mano propia, desincentiva la denuncia ciudadana y estimula la desconfianza en las instituciones por parte de los bogotanos.  
7. Frente a la extorsión, un delito creciente en la ciudad, se debe priorizar la “Estrategia de lucha contra la extorsión” del Gobierno Nacional, una estrategia interinstitucional que implique la articulación entre la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) y la Superintendencia Financiera, con el objetivo de generar acciones de prevención, contención y persecución de este delito, que se origina, mayoritariamente, desde los centros penitenciarios.
8. Es importante que las labores de inteligencia y contrainteligencia de la Policía Nacional y el DNI encaminen más esfuerzos para dar con posibles infiltraciones, cooptaciones y alianzas de efectivos y funcionarios con las estructuras criminales organizadas. Mientras persistan contubernios criminales de funcionarios y uniformados con estructuras criminales será casi imposible poder efectuar acciones operacionales efectivas. 
9. Desestimular cualquier política para flexibilizar el porte de armas. La privatización de la seguridad puede producir efectos contrarios a la paz y seguridad ciudadana, recreando escenarios de neo-paramilitarización urbana que deben ser rechazados y de ser necesario perseguidos y castigados por las autoridades pues los efectos perversos contra los derechos humanos y la paz ciudadana son cosas que no se pueden permitir en un estado social de derecho.
10. Una manera efectiva de golpear a los nuevos tipos de organizaciones criminales es atacando sus finanzas, para esto resulta fundamental estrechar su margen de acción financiera: atacar con efectividad los comercios de artículos robados, contrabando, así como venta de estupefacientes. Frente a esto, la legalización de la marihuana para su uso recreacional puede impactar parte de las finanzas de estos grupos.  

El miedo a la ciudad no puede ser la constante de los y las habitantes de Bogotá, gozar efectivamente del derecho a la paz y del derecho a la ciudad debe ser la regla general en la experiencia de vida de los y las bogotanas. En el Congreso de la República, y como Representante de esta ciudad, promoveré una audiencia pública desde la Comisión de Legal de Paz y Postconflicto sobre “las violencias, la seguridad y la paz en Bogotá”; lo anterior, con el fin de escuchar las opiniones y propuestas de las y los ciudadanos afectados; las voces expertas; los funcionarios que tienen a su cargo a nivel Nacional y Distrital la seguridad en la ciudad, y la Policía Nacional y los organismos de inteligencia y seguridad que prestan funciones estratégicas en esta materia. Todo esto con el objetivo de construir un mejor entendimiento para enfrentar con efectividad al crimen organizado que opera en la ciudad evitando caer en los sentidos comunes que suelen priorizar salidas populares, pero incorrectas y que muchas veces terminan por agravar el problema.