Lupa al Ejército: sables, salvoconductos y material de guerra

Avanzando en el control de la contratación en la fuerza pública y particularmente en el Ejército Nacional, no solo nos vemos ante una vergonzosa contratación anunciada en materia de sables, sino además una fragilidad en materia de la documentación que actualmente acredita el válido porte de armas: el salvoconducto. Y lo que es peor, en el de material de guerra que ha permitido la venta ilegal de armas, municiones y explosivos fabricados o distribuidos por Indumil. Esto, por cuenta de un cartel anclado de militares y particulares al servicio de los grupos ilegales de todos los pelambres, para no hablar de las denuncias sobre las ventas de explosivos y municiones de mala calidad y alto precio por parte de los mismos proveedores internacionales al Estado colombiano; algunos de los cuales podrían ser proveedores de los ilegales. Indumil: salvoconductos poco y nada confiables Consultadas diversas fuentes, y realizadas algunas entrevistas que incluyen miembros directivos de Indumil, empresa del Ejército Nacional encargada de la expedición de sables, la Red de Veedurías RED VER advierte sobre la poca seguridad documental que hoy ofrecen los salvoconductos, que son la autorización para tenencia y el porte de armas. A pesar de haber sido detectada y reconocida por parte de Indumil la necesidad de contar con mecanismos de identificación más seguros, esto es menos alterables, y con mecanismos electrónicos más fiables, hace cerca de una década la entidad viene infructuosamente tratando de adoptar medidas correctivas, pero no han pasado de buenas intenciones. Una y otra vez los procesos tendientes a superar semejante dificultad, por extrañas e inexplicables razones vuelven a su punto de inicio, sin que la entidad se atreva a dar el paso siguiente. Entretanto, cada vez es más fácil que se adulteren salvoconductos, o que se entreguen algunos sin los mecanismos de seguridad vigentes, incluso que existan salvoconductos “gemelos”, es decir idénticos para varias armas, o varias armas “amparadas” con un mismo salvoconducto. También hay casos de salvoconductos con algunas de las anteriores irregularidades que han pasado por diversas manos, a veces —involuntariamente—, entre ellas de algunos miembros de la fuerza pública. Desafortunadamente no hay un mecanismo que permita saber —como si ocurre con la tarjeta de crédito, o los nuevos pasaportes— si el documento es realmente legítimo, cuando alguien porta un salvoconducto. Indumil, al frente del general Gustavo Matamoros, ha emprendido esa loable tarea de sanear la base documental del salvoconducto, y ojalá que aprenda de los errores de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde por años el Estado colombiano no tuvo acceso a la base de datos o sistema de identificación que ¿estuvo, o está? en poder de una firma francesa, Sagem hoy Morpho —la cual fue sancionada por la propia Registraduría, y como si fuera poco, hubo denuncias de irregularidades y comisiones a paramilitares por la entrega del contrato denunciado por Rafael García—. Tal proceso tiene muchos enemigos, lo sabemos, y muchos intereses creados, respecto de los cuales con buen juicio Indumil deberá muy pronto hacer prevalecer una vez más el interés público aplicando la ecuación: calidad-seguridad-precio, así como hacer que brille la independencia en el manejo del servicio y la experiencia demostrada y pulcra de sus oferentes para la optimización de tan delicada misión de salvaguarda documental. Indumil y el “cartel de la guerra”: inseguridad en el control de municiones y explosivos La venta a grupos ilegales no solo de armas sino de municiones y explosivos, es decir de material de guerra, fabricados por el Ejército Nacional a través de Indumil, es un peligro para la seguridad nacional. Y más, cuando a tal cartel pertenecerían miembros de las propias Fuerzas Armadas de Colombia, de los cuales se han capturado apenas 44 de sus presuntos integrantes. Sin embargo, poco y nada ha hecho la entidad para darle seguridad a tales elementos de guerra, y la medida anunciada por su director de “poner una marca serial a todas las granadas producidas por Indumil” no deja de ser un pañito de agua tibia, pues existen medios técnicos para identificar los explosivos producidos por tal entidad — y no solo numerar granadas—. Es decir, darles trazabilidad o producirlos con huella de identidad los que —con la seguridad de salvoconductos— desde el 2006 hablara el Coronel Villareal, anterior director de Indumil, y que hasta la fecha no se han implementado. Veremos cómo los medios técnicos de monitoreo del material de guerra deja de ser una promesa y pasa a ser una inaplazable necesidad del Ejército Nacional y concretamente de Indumil. Ejército: la contratación de los sables La Dirección de Contratación del Ejército sigue tercamente avanzando en un proceso de contratación de sables con un único proponente que desvirtúa la libre concurrencia o participación de oferentes, y cuya ausencia es drásticamente castigada por el Estatuto Anticorrupción. En efecto, como anunciamos, el lunes pasado se cerró el proceso presentándose única y exclusivamente la firma Insumos de Modas, la cual se ha venido ganando la mayoría de las contrataciones de sables en el Ejército. Además, Insumos de Modas no solo distribuye los sables producidos sino que también se ha “ganado” la mayoría de las contrataciones de sables en la Policía Nacional. El proveedor del Ejército ha sido sancionado con anterioridad —en el 2009 las graduaciones fueron con sables prestados— e incluso tales sables están siendo rechazados en la Armada Nacional por no cumplir las normas técnicas, a tal punto que ni la mano de un graduando cabe en la empuñadura, para comenzar. Se espera que altos mandos militares del Ejército, fuerzas militares o en su defecto los órganos de control adopten medidas preventivas respecto de semejante despropósito. Las normas sobre integridad en el manejo de lo público obligan a que los recursos públicos en manos de las Fuerzas Armadas sean más sagrados, pues el control de las armas y seguridad no puede excusar la vigencia plena del Estado de Derecho y los principios que rigen la República. También en esto deben dar ejemplo. La defensa del patrimonio público es también un campo de batalla en que las fuerzas militares precisan mayor pulcritud y transparencia que el conjunto de las instituciones oficiales. Posdata: El elefante blanco de la nueva sede de la Contraloría merece una explicación En los próximos días la Contraloría General de la República se trasladará a su nueva sede en arriendo en una exclusiva zona comercial de la ciudad, sobre la avenida Eldorado, mientras los gobiernos, nacional y distrital, de Santos y Petro, acuerdan esta semana el traslado hacia el centro de la ciudad de las instalaciones oficiales en inmediaciones del CAN. Exigimos a la señora Contralora explique al país públicamente y de manera pormenorizada la justificación técnica, jurídica y económica, así como ética con que dice contar para adoptar tal determinación tan onerosa, y que nos explique de igual modo la letra menuda del contrato que arrastra a la propia Auditoría General de la República, como su silenciosa vecina —el Auditor General también debería explicarnos públicamente su posición institucional sobre el millonario contrato—. [email protected] [email protected]