En los últimos años han sucedido en Colombia hechos de gravedad inocultable, fehacientemente demostrados y de público conocimiento, que colocan en entredicho la democracia y arrojan sobre el país sombras muy oscuras, sin que para rechazarlos haya habido reacción vigorosa de la sociedad ni de la clase política y empresarial ni de las autoridades de control, gubernamentales y jurisdiccionales. Contrasta esta situación con lo que se ha vivido en otros países, como Perú, Brasil, Guatemala y Ecuador, que han procedido firme y eficazmente contra la corrupción y el estado actual de cosas.
Sorprende de sobremanera esa nula o poca reacción puesto que ello alienta a que en el futuro ocurran hechos similares, con consecuencias nefastas para nuestro país. Los peligros son evidentes y más ahora cuando la satisfacción con la democracia está en un punto muy bajo -menos del 25%, según estudios de Confecámaras- y el apoyo a la misma ha disminuido sensiblemente.
En un rápido y no exhaustivo recuento, podemos citar varios de estos hechos:
- Una reelección presidencial obtenida valiéndose, al mejor estilo de Maquiavelo, de medios turbios y oscuros, consistentes, entre otros, en una financiación ilegal de la campaña, con aportes de compañías extranjeras, violación de topes y celebración de contratos para disponer de recursos para la misma y en un montaje urdido por la Fiscalía General de la Nación contra el otro candidato presidencial, montaje que, por sus hondas implicaciones penales, afectó sustancialmente la clara posibilidad que este último tenía de triunfar.
- La burla de la voluntad popular, expresada ésta última en el plebiscito, cuyo resultado fue un rechazo mayoritario al Acuerdo de Paz de la Habana, voluntad abierta y totalmente desconocida. Esa burla se produjo mediante la negociación del NO y en ella participó toda la clase política -congresistas y dirigentes de todos los partidos y movimientos políticos, aún de los que promovieron en el plebiscito el NO al Acuerdo de Paz- clase política que, en contravía del mandato constitucional y en claro fraude a los votantes, negociaron el resultado del mismo e introdujeron cambios al Acuerdo cuando éste había sido rechazado.
- Una refrendación constitucional del Acuerdo, hecha en contravía de decisiones de la misma corporación y haciendo caso omiso de aquello de que la soberanía, por mandato constitucional, reside en el pueblo.
- Un cartel de la toga descubierto ya hace algunos años y de cuya existencia sospechaban otros magistrados de la Corte Suprema de Justicia –estos sí, limpios e impolutos-, pero cuyo descubrimiento de poco ha servido en razón, principalmente, de la adopción tardía de decisiones y de la poca eficacia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, a la cual pertenecían varios de los implicados, y de la Comisión de Acusaciones del Congreso;
- Escándalos mayúsculos de corrupción, encabezados por el de Odebrecht, cuyas investigaciones -como siempre “exhaustivas”, al decir de las autoridades- no sólo no han producido resultados tangibles, sino que, por el contrario, parecerían destinadas a no producirlos, rodeadas, como han estado, de conflictos de interés, impedimentos tardíos, recolección lenta de pruebas, remoción de fiscal ad-hoc -justo en el momento en que empezó a volverse incómodo para muchos-, muertes y toda clase de dilaciones, además de principios de oportunidad convenientemente otorgados para que, a juicio de muchos, la olla podrida no llegare a destaparse en su totalidad.
Al lado de estos hechos, existen otros que ensombrecen igualmente el panorama, algunos de los cuales se mencionan a continuación:
Las instituciones más representativas están sumidas en el descrédito institucional más grande de que se tenga noticia: la clase política, el Gobierno, las Cortes, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría, la JEP, las fuerzas militares, la iglesia y aún la clase empresarial, tienen imagen negativa o desfavorable o se encuentran en el nivel más bajo de favorabilidad, según ha salido a flote en reciente estudio de Gallup. Es obvio que la ausencia de instituciones sólidas es el caldo de cultivo para peligros mayores.
Los medios de comunicación tampoco están cumpliendo objetivamente su papel, deshonrando su noble profesión. En estos días ha sido noticia destacada cómo periodistas de reconocida importancia sucumbieron ante lo que se llama coloquialmente mermelada, para presentar las cosas de una manera interesada y no conforme a la ética y objetividad que debe regir la conducta del periodista.
Colombia se hizo acreedor al título –con sobrados merecimientos-, de mayor productor de cocaína del mundo sin que se vislumbre un decidido esfuerzo para combatirla a través de medios eficaces y de menor peligrosidad que otros, a pesar de que el negocio de la coca es el mayor combustible de la violencia, de la insurgencia y de que el mismo permea varios estamentos de la sociedad y de las autoridades, además de que ha convertido ciertas zonas del país en zonas donde el Estado no puede entrar o no hace presencia y en donde impera la ley del más fuerte.
El Acuerdo de Paz no pasa por un buen momento o, más bien, el cumplimiento del mismo -puesto que el Acuerdo se mantiene incólume-, no obstante que varios de quienes lo negociaron por parte de las Farc -incluido su jefe negociador-, hace ya mucho rato se apartaron de él y no se sujetaron al compromiso contraído por las Farc al firmar el Acuerdo, de contribuir activamente a garantizar el éxito del proceso de reincorporación de las FARC-EP a la vida civil de forma integral y de que no ha habido entrega real de bienes, ni verdad ni reparación ni revelación de rutas del narcotráfico, ni responsabilidad alguna por el reclutamiento de niños o por las violaciones de mujeres. Mientras, otro sector del grupo se mantiene en el Acuerdo, recibiendo todos los beneficios –representación política, recursos dinerarios, escoltas armados cuyas armas en ocasiones desaparecen, etc.
Con otras palabras, la división –real o aparente- en las Farc no ha afectado el Acuerdo, pues el antiguo movimiento guerrillero, a pesar de dicha división y del retorno de un sector del mismo a la ilegalidad y la clandestinidad, cuenta hoy con (I) representación política que le permite enarbolar desde la legalidad las mismas banderas ideológicas que predicaba en la clandestinidad y que no disminuye así otros negociadores de las Farc sigan el mismo camino de Santrich, Márquez y otros; (II) representación armada que opera con violencia desde los montes –y en las ciudades-; (III) ingentes recursos para la dirigencia y para las zonas en que hacían presencia y (IV) según muchos, representación jurídica o benevolencia jurídica dirían otros, pero, al fin y al cabo, con el mismo resultado, es decir, la impunidad de las Farc.
Lo anterior no ha impedido que las Farc acusen al Gobierno de incumplimiento del Acuerdo y, como contrapartida, el Gobierno mantiene silencio sobre los incumplimientos de aquellas, sin que exista explicación razonable para ello con la consecuencia de que vuela la imaginación popular para especular si ese silencio se explica por prudencia, temor a la comunidad internacional, seguimiento a designios de grupos de interés extranjeros –o nacionales- o la simple convicción de estarse haciendo las cosas bien, así se hubiese predicado otra cosa durante la campaña presidencial.
Ese silencio frente a los incumplimientos de las Farc, que algunos tildan de cómplice con la actual dirigencia de ese grupo, no resulta fácil de entender. Los negociadores del Gobierno, sin pena ni gloria o, más bien, sin vergüenza alguna, no estipularon consecuencias para la colectividad de las Farc frente a situaciones tan graves como las que han ocurrido, pues las sanciones son individuales.
De otro lado, la alta migración venezolana, producto del régimen dictatorial de Maduro, se ha convertido en factor desestabilizador del empleo y de la seguridad, sin perjuicio de que haya sido utilizada igualmente por ese régimen como política para crear dificultades al Gobierno de Colombia y para hacer inteligencia, como lo refieren ciertos informes publicados. A este desolador panorama se le agrega el hecho de que la situación que se vive en Venezuela ha afectado el comercio binacional en forma importante y que ese país resolvió dar apoyo decidido a grupos guerrilleros, realizar movimientos militares que envuelven la amenaza de un ataque a Colombia y dar su apoyo al narcotráfico.
En la calle y en los pasillos de las oficinas, en las juntas directivas de las empresas y en los clubes sociales se respira un ambiente desalentador, puesto que existe la fundada impresión de la existencia de un amplio contubernio para garantizar la impunidad y mantener el estado actual de cosas y de que las exigencias al empresariado son excesivas, particularmente por la alta tasa impositiva, que desalienta la inversión, y el hecho de que el dinero de los impuestos termina en una proporción importante como botín de la corrupción, con escasa o inexistente sanción por parte de la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría, además de una precaria sanción social.
Existía la convicción o, más bien, la esperanza de que, con la llegada del nuevo Gobierno muchas cosas cambiarían, pero esa esperanza se ha venido desvaneciendo, por diversas razones que no es del caso analizar ahora.
La pregunta que se hace el ciudadano del común y el empresariado es la de cómo hacer para revertir tal estado de cosas. ¿Seguirá Colombia por el camino del abismo, con las sombras más oscuras a su alrededor y gravitando sobre ella? ¿Hay aún esperanza? ¿En dónde está el sector empresarial? ¿Cómo lograr una mejor representación de la sociedad en los estamentos que detentan el poder? ¿Será que el “establecimiento” -como lo denominaba Alvaro Gómez-, condujo al país a un punto de no retorno en su caída al abismo? ¿Existe voluntad política para cambiar las cosas? ¿Se vislumbran o no dirigentes políticos suficientemente vigorosos y con apoyo ciudadano, para hacer realidad el cambio y que no defrauden al electorado que los eligió sobre unas bases que después resultaron vacías?
La respuesta a estos interrogantes no es clara y esa incertidumbre está creando el temor de que a Colombia no le espere un futuro mejor, a menos que algo extraordinario o fuera de lo común ocurra, así haya avanzado algo en competitividad y existan aspectos positivos que no alcanzo ahora a destacar, pero es que sin instituciones sólidas y sin eliminar la corrupción y el narcotráfico y algunos otros peligros.
