Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, y el reconocido periodista Gonzalo Guillén solicitaron ser acreditados como víctimas en medio del proceso que cursa contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por supuesta manipulación de testigos.
La solicitud se realizó el pasado martes 6 de abril ante la jueza 28 de conocimiento, quien deberá definir si acoge los argumentos de la Fiscalía General y precluye, o no, la investigación que se adelanta contra el exmandatario por la presunta comisión de los delitos de soborno y fraude procesal.
El abogado Miguel Ángel del Río, quien se presentó en la audiencia como el representante de Deyanira Gómez, pidió ante la funcionaria judicial que su clienta sea reconocida como víctima porque, por aportar información en este caso donde su expareja sentimental es considerado el testigo estrella, ha sido blanco de persecución laboral, seguimientos y supuestas amenazas de muerte.
Además, indicó que Deyanira Gómez también sufrió "un daño patrimonial", debido a que le ocuparon con fines de extinción de dominio una finca llamada La Veranera, que es de su propiedad.
A su turno, el abogado Roberto Mauricio Rodríguez, defensor de Gonzalo Guillén, solicitó que también se le reconozca como víctima en este proceso alegando "daño a su prestigio, honra y buen nombre".
Señaló que, por ejemplo, se ha visto afectado por las ocasiones en las que el abogado Jaime Lombana, uno de los defensores del exmandatario, lo ha tachado de "bandido". Por ejemplo, la vez que dijo en una declaración ante un magistrado que el periodista trabajaba en favor de Carlos Mattos, procesado por supuesta corrupción, cosa que Guillén aseguró es falsa.
La jueza 28 de conocimiento aplazó la audiencia de Álvaro Uribe para este viernes 9 de abril con el fin de tomar una decisión de fondo después de haber escuchado en la pasada diligencia los argumentos de las partes.
Cabe resaltar que el fiscal Gabriel Jaimes le pidió a la funcionaria judicial rechazar la solicitud de Deyanira Gómez y Gonzalo Guillén para ser reconocidos como víctimas tras considerar que es improcedente desde el punto de vista constitucional y legal.
El delegado del Ministerio Público apoyó la postura del ente investigador porque lo alegado no tiene relación con este caso. Sin embargo, dejó claro que sí cree que hay conductas que podrían ser delitos y que la Fiscalía las debe investigar.
