Carmen Helena Ortiz Rassa, la jueza que resolverá el caso de Álvaro Uribe por supuesta manipulación de testigos, denunció amenazas en su contra ante la Fiscalía General de la Nación.
Según contó su abogado Jhon Jairo Castro, la jueza 28 de conocimiento ha sido blanco de ataques e intimidaciones desde que se conoció que, por reparto, le correspondió decidir si avala o no los argumentos del fiscal Gabriel Jaimes para precluir la investigación contra Uribe Vélez por supuesto soborno y fraude procesal.
El defensor mencionó que desde que se conoció el reparto de este proceso al correo de la funcionaria judicial llegó un correo diciendo: "Dios tarda pero nunca olvida" y que hay "corrupción al más alto nivel en este caso".
Señaló que una persona identificada como Danesis Arce Ramírez salió en un medio de comunicación virtual y por más de una hora la señaló de ser una jueza corrupta y de tener favoritismo por el exmandatario, al que le tiene que resolver su situación.
"También la señaló de ser parte del Centro Democrático y de haber hecho proselitismo político a favor de ese partido, cosa que es absolutamente alejada de la realidad. Ella se ha desempeñado durante toda su vida en la labor judicial. Ha sido funcionaria judicial todo el tiempo, nunca ha tenido militancia política", afirmó a la W Radio.
Castro aseguró que la jueza que resolverá el caso de Álvaro Uribe presume que esta serie de acusaciones infundadas tratan de minar su credibilidad y honorabilidad durante su ejercicio en la Rama Judicial.
"Ya hemos presentado las denuncias correspondientes y esperamos que de manera pronta esta entidad actúe llamando a esta persona para realizar una imputación y llevarlo a juicio, buscando que se retracte de estas acusaciones que son injustas y lesionan el patrimonio moral de esta funcionaria judicial que siempre ha actuado conforme a la ley, de una manera recta y muy honesta", indicó.
El abogado Jaime Granados, defensor del expresidente Álvaro Uribe, rechazó las intimidaciones en contra de la jueza y solicitó a las autoridades protección.
"Inaceptable que se busque generar presión indebida a una juez y afectar la independencia y autonomía judicial. Solicitamos máxima protección a todas las personas y funcionarios que se han visto afectados por esta práctica cobarde y sistemática", dijo en su cuenta de Twitter.
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