Luego de la polémica por la extradición del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso a Italia y no a Colombia, el Gobierno Nacional aclaró que hasta el momento se encuentran vigentes dos solicitudes de deportación que no han sido negadas por la justicia de Estados Unidos.
“Las dos solicitudes de extradición presentadas al Departamento de Estado de Estados Unidos por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, previa verificación de requisitos de ley del Ministerio de Justicia, a la fecha no han sido negadas por las autoridades estadunidenses”, señaló el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, en una declaración conjunta con la ministra de Relaciones Exteriores Claudia Blum y el ministro encargado de Justicia Javier Sarmiento.
Varios congresistas y organizaciones de derechos humanos han señalado al Gobierno de hacer poco esfuerzo para lograr la extradición de Salvatore Mancuso al país, para que el condenado pague por los crímenes que cometió cuando fue comandante en jefe de las Autodefensas Unidas de Colombia.
Respecto a esto el comisionado Ceballos aseguró que “cualquier obstáculo no responde a ningún tipo de mala práctica ni de demora por parte de la gestión del Gobierno” y que las solicitudes se hacen en cooperación entre la rama judicial y el poder ejecutivo, por iniciativa del primero.
“El Departamento de Justicia de Estados Unidos continúa adelantando el estudio de estas dos solicitudes y la autoridad judicial requirente, además de presentar la evidencia que sustenta la imposición de la medida de aseguramiento contra Mancuso Gómez, ha atendido de manera oportuna todos los requerimientos de información adicional y aclaraciones que han sido solicitadas por las autoridades norteamericanas, relacionadas con la justicia transicional colombiana que no necesariamente coincide con el diseño y funcionamiento del sistema jurídico estadounidense”, afirmó Ceballos.
Según el Comisionado, el Ministerio de Justicia expresó al Gobierno Nacional que el exlíder paramilitar Salvatore Mancuso no ha pagado más del 50% de los crímenes que se le adjudican en el país. Agregó que “de incumplir con las obligaciones propias de acceder a la pena alternativa, perdería todos los beneficios que ofrece Justicia y Paz y a pesar de las sentencias que ya se han proferido”.